André Ntagerura (72 años), Protais Zigiranyirazo (84 años), Prosper Mugiraneza (65 años), François Xavier Nzuwonemeye (66 años) y el difunto Jérome Bicamumpaka fueron absueltos por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) entre 2004 y 2014. Alphonse Nteziryayo (74 años), Tharcisse Muvunyi (69 años), Anatole Nsengiyumva (72 años) e Innocent Sagahutu (60 años) fueron puestos en libertad tras haber purgado su pena en la cárcel.
Si bien sus esposas e hijos han obtenido el asilo convencional y se han convertido en ciudadanos de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Dinamarca y Reino Unido, estos países nunca han aceptado que los absueltos y liberados por el TPIR pudieran unirse a sus familias.
Las razones alegadas han sido diversas: razones de “diplomacia con Ruanda”, su pertenencia al gobierno o administración de Ruanda entre 1990 y 1994, el hecho de que dos absueltos fueran ya acogidos por Francia y que “los otros países deberían acogerlos también”… Sin embargo, no se trata de una cuestión de matemáticas ni de reparto de responsabilidades, sino de permitir a personas libres que disfruten de nuevo de sus derechos garantizados por diversas convenciones internacionales.
Una absolución que nada vale y una puesta en libertad sin efecto
Tras su absolución, las personas que habían sido falsamente acusadas, no quisieron regresar a Ruanda, ya que temen ser perseguidos, se vieron obligadas a residir durante varios años en una casa en Arusha, Tanzania, protegidos por el TPIR y posteriormente por el Mecanismo Internacional encargado de ejercer las funciones residuales de los Tribunales Penales (el Mecanismo). Lo mismo sucedió con las personas puestas en libertad tras haber cumplido la pena de cárcel.
El 15 de noviembre de 2021, las Naciones Unidas y la República de Níger firmaron un acuerdo con el fin de reinstalarlos en este país y concederles documentos de residencia. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2021 fueron transferidos a Niamey en el marco de dicho acuerdo, salvo Jerôme Bicamumpaka, por razones de salud.
Sin embargo, contra todo lo esperado, el 23 de diciembre, después de que el gobierno ruandés expresara su descontento ante el Consejo de Seguridad a propósito de este acuerdo, las autoridades nigerinas retiraron a los 8 ruandeses sus documentos de residencia y los recluyeron en una residencia vigilada. Cuatro días más tarde, el gobierno de Níger decretó su expulsión “por razones diplomáticas”. Hasta el presente, Níger ha paralizado su orden de expulsión para permitir que el Mecanismo encuentre otro país de acogida.
Fracaso del sistema judicial de la ONU
Entre tanto, el Mecanismo sigue afirmando que se ha puesto en contacto con cierto número de países para solicitarles la recolocación total o parcial de estos ruandeses, sin haber logrado encontrar otro país para su reinstalación. Informa también que prosiguen los contactos con el gobierno de Níger para que respete el espíritu y la letra del Acuerdo de reinstalación; sin embargo, nada indica que Níger tenga intención de respetarlo.
Los abogados de la defensa han hecho también campaña ante el Consejo de seguridad y han contactado también con países suplementarios en nombre de sus clientes, pero sin éxito. Hasta ahora no ha habido ningún país que haya aceptado ni a una sola de estas personas.
Para complicar todavía más la situación, el Mecanismo ha rechazado dar a estos hombres una asistencia judicial antes de permitir a los abogados internacionales asistirlos en sus procedimientos judiciales y gestiones diplomáticas. Estos abogados se han visto obligados a trabajar de forma altruista. Los jueces del Mecanismo han indicado que el deber del Mecanismo es el de atender y garantizar el bienestar de las personas transferidas, pero resulta que no hay presupuesto para ello.
El compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la impunidad no debe limitarse a condenar; debe igualmente extenderse al tratamiento reservado a los absueltos y a las personas que han purgado sus penas. El hecho de no restablecer los derechos de una persona absuelta o liberada es un grave fallo de cualquier sistema judicial. La ONU, en cuanto institución, debe movilizar a la comunidad internacional y proponer una solución duradera a lo que corre el peligro de constituir una mancha indeleble de la herencia del TPIR.
* Artículo enviado para su publicación por la campaña @saveourparents #SaveOurParents a Jambo News.
Fuente: Musabyimana – Jambonews
[CIDAF-UCM]
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