El 26 de marzo, el historiador Duclert entregó al presidente de Francia, Macron, un voluminoso Informe (conocido como Rapport Duclert) resultado de los trabajos de una comisión de 14 historiadores sobre los archivos franceses que pudieran aclarar y determinar las posibles responsabilidades francesas en el genocidio ruandés de los años 1990.
Como se sabe, el régimen de Kigali ha acusado durante todos estos años a Francia de ser cómplice del genocidio contra los tutsi, e incluso de haber participado directamente en la planificación y ejecución del mismo. Un discurso que se ha repetido anualmente sobre todo en torno a las fechas, mes de abril, de conmemoración de las matanzas. Los esfuerzos de los presidentes Sarkozy y actualmente Emmanuel Macron han buscado rebajar la tensión y establecer unas relaciones amistosas con el régimen ruandés; esfuerzos y gestos que, a mi juicio, han expresado más bien cierta debilidad y han alimentado la acreditada arrogancia del presidente ruandés Kagame. Todo parece indicar que la creación de esta comisión por parte de Macron y los resultados de la misma han estado dirigidos ante todo hacia ese objetivo: normalizar las relaciones y agradar al régimen ruandés. Bien es cierto que algunos analistas han considerado el último episodio, el informe Duclert, como una expresión más de la pugna entre fuerzas políticas francesas para desacreditar al “mitteranismo” y a los restos del socialismo francés cara a las próximas elecciones presidenciales francesas; esto es, un asunto más franco-francés que franco-ruandés.
Dos conclusiones pueden destacarse en el informe Duclert: la primera, “Francia no puede ser acusada de participar en el genocidio contra los tutsi”; la segunda, “Sin embargo, Francia tiene graves y abrumadoras responsabilidades en la tragedia ruandesa”. Esto es, “complicidad, NO, responsabilidad, SÍ”. En la rueda de prensa posterior a la entrega al Presidente del informe, el historiador Duclert cargó con gran dureza sobre las responsabilidades de Francia, más concretamente sobre el Elíseo y el entorno directo del entonces Presidente francés, F. Mitterand, por su apoyo al “régimen etnicista” del presidente Habyarimana, ya que, según el informe, la política hacia Ruanda quedó en manos exclusivas de Mitterand y de un estado-mayor particular dependiente del Eliseo.
Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos comentaristas han alabado el ejercicio de transparencia que significa que se abran los archivos, y, aunque consideran que sería indispensable abrir otros (por ejemplo los de Uganda, Gran Bretaña y Estados Unidos) estiman que el informe francés significa un paso adelante hacia la verdad.
El Colectivo de Partes Civiles y la organización “SURVIE” (implacables delatores y perseguidores de reales o pretendidos partícipes en el genocidio, al servicio del régimen de Kigali) han lamentado que el informe exima erróneamente al Estado francés en el genocidio contra los tutsi y que “limpie” al ejército francés.
Alain Juppé, ministro de Exteriores en la época, ha reconocido en Le Monde, contrariamente a su posición a lo largo de estos años frente a los ataques del Paul Kagame, “carencias” en la política francesa. Edouard Balladur, sin embargo, primer ministro en aquel momento de cohabitación con el socialista Mitterand en la presidencia, ha expresado con contundencia su opinión de que Francia no tiene nada por lo que arrepentirse y pedir perdón; fue, más bien, según él, el único país occidental que trató de evitar la tragedia. Para el Instituto François Mitterand, el informe Duclert constituye una manipulación de la historia y un ataque a la memoria y figura del expresidente Mitterand.
Altos mandos del ejército, como el general Jean-Claude Lafourcade, comandante de la operación Turquoise, evitando entrar en polémicas políticas, han puesto de relieve que “nuestro ejército ve que todas las acusaciones vertidas contra él han quedado levantadas y que su honor permanece intacto”. El coronel Jacques Hogard, también de la operación Turquoise, sí se adentra en otras consideraciones, al calificar el informe Duclert de “partiel y partial”, que podría traducirse por parcial en su doble significado: incompleto y sesgado; llega a afirmar con contundencia: “No es un informe de historiadores sino de militantes que quieren imponer su visión de la historia”.
Entre las reacciones de ciudadanos ruandeses en el exilio, cabe destacar la de Jean-Marie Ndagijimana, embajador en París en 1990-1994 y posteriormente ministro de Exteriores del primer gobierno del FPR, persona especialmente enterada de los entresijos de las negociaciones y conversaciones entre el régimen de Habyarimana y Francia. Ndagijimana, en un tono indignado, ha declarado que la comisión presidida por el profesor Duclert se negó a recibirle cuando solicitó dar su testimonio y se ofreció a aportar sus propios archivos. Ha querido negar especialmente, por considerarla una falacia, la existencia de una amistad íntima entre los presidentes Habyarimana y Mitterand, base de elucubraciones y acusaciones infundadas.
Sirva lo que precede como contexto en el que situar la siguiente declaración que el exministro de Defensa ruandés, Señor James GASANA, hizo en junio de 1998 ante la misión parlamentaria francesa presidida por Paul Quilès. Evidentemente, no se trata de una reacción al Rapport Duclert y a la polémica suscitada, lo que ya en sí puede significar un valor añadido, en cuanto no contaminada por los acalorados debates actuales; no obstante, constituye, a mi entender, una aportación de interés al tema controvertido de las relaciones Francia – Ruanda en los años 1990. El señor Gasana participó directamente en las negociaciones de Arusha, sobre todo cuando se abordaban los asuntos que afectaban a su ministerio. A finales del mes de julio de 1993 marchó con su familia al exilio; su talante dialogante no era precisamente bien apreciado en una situación especialmente tensa y bipolarizada en la que los extremismos, desdichadamente, se impusieron. La traducción de su declaración cuenta con la autorización del señor Gasana.
Ramón Arozarena
