El Gobierno de Ruanda ha publicado la pasada semana una nueva orden ministerial donde se definen las distintas modalidades de repatriación de las víctimas que han sido objeto de tráfico de personas. La mayoría de las víctimas son mujeres y se han visto vendidas como esclavas sexuales o laborales en países vecinos o incluso llegando a Oriente Medio.

Los cinco puntos que se deben destacar de esta nueva orden ministerial para paliar este problema son:

• Coste de repatriación
  El Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se encargará de los gastos del transporte y otro tipo de gastos para poder repatriar a la víctima a Ruanda.

• Entidades gubernamentales implicadas
  Las entidades gubernamentales que se encuentran en el proceso de repatriación son varias y colaborarán con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otras, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de Inmigración y Emigración son importantes en el proceso.

• Provisión de servicios básicos
  “One-Stop Centre” de Isange será el encargado de prestar alojamiento durante un periodo de máximo seis meses a las víctimas a las que se le proporcionará también comida, ropa y productos de higiene personal. Además, recibirán servicios médicos y psicológicos. Entre las personas que puedan alojarse en este centro se encuentran personas ya repatriadas a Ruanda así como extranjeros que no puedan o no quieran volver a su país de origen. Además, se tendrán en cuenta ciertos requisitos como la edad, el sexo o el tipo de trata sufrida.

• Reintegración y asilo
  Como se ha mencionado, la orden no solo cubre a aquellas personas con nacionalidad ruandesa si no también a las víctimas que no quieran regresar a su país de origen. De esta forma, la orden también contempla que el gobierno ayudará a obtener el permiso de residencia o asilo en Ruanda de estas víctimas extranjeras.

• Educación y asistencia para la creación de empleo
  La orden también tiene provisto que a las víctimas se las integre en la educación general o técnica, según la edad, para ayudarle a completar la educación que fue interrumpida. Así, también se intentará que acceda al mercado laboral y, en el caso de ser así, se le hará un seguimiento con un informe escrito cada seis meses para asegurar el bienestar de la víctima y su completa reintegración.

Fuente: New Times

[Traducción, María Torondel Lara]

[Fundación Sur]

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