Human Rights Watch

Organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades. Fundada en 1978, Human Rights Watch es reconocida por la investigación precisa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación, y la defensa de objetivos, a menudo, en asociación con grupos locales de derechos humanos. Cada año, Human Rights Watch publica más de 100 informes e información periódica sobre las condiciones de derechos humanos en 90 países, generando una amplia cobertura en los medios de comunicación locales e internacionales. Gracias a la influencia que esto genera, Human Rights Watch se reúne con los gobiernos, las Naciones Unidas, grupos regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, las instituciones financieras y las corporaciones para presionar por cambios en la política y las acciones que promueven los derechos humanos y la justicia en todo el mundo.

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De acuerdo con la información que ha revelado el último informe de Human Rights Watch sobre la situación de los Derechos Humanos en Ruanda, las detenciones y desapariciones de disidentes políticos y los procesos judiciales irregulares continúan siendo preocupantemente habituales en el país africano dirigido por el Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Represión política

Tal y como demuestran los múltiples casos de desapariciones o detenciones de los detractores del régimen ruandés, el espacio político del país sigue estando bastante limitado. El intento del exredactor-jefe del periódico The Chronicles, Christopher Kayumba, de crear un nuevo partido político, por ejemplo, acabó con la detención de este crítico periodista tras haber sido acusado de violación y de un “comportamiento sexual reprobable”.

Este tipo de acusaciones poco fundamentadas, que con la ayuda de procesos judiciales llenos de irregulares acaban sentenciando a todo aquel que ejerza una mínima oposición política al gobierno, están preocupantemente al orden del día en Ruanda. “Propagación de rumores”, “propagación de falsas informaciones para crear una opinión internacional hostil al Estado ruandés” o “incitación a la rebelión y a la organización de disturbios en el seno de la población” son algunos de los delitos que un manipulado sistema judicial ha adjudicado a muchos opositores.

Libertad de expresión

Ante la ausencia de un debate crítico en los medios del país, las redes sociales, y especialmente YouTube, se han convertido en uno de los pocos lugares en los que se puede ejercer una mínima libertad de expresión y debatir sobre temas de actualidad.

Sin embargo, las autoridades no han tardado en atacar también a las voces más populares de estas nuevas plataformas. El cantante y poeta Innocent Bahati, que subía a YouTube sus poemas sobre la creciente pobreza o el impacto del confinamiento, lleva en paradero desconocido desde febrero. Comentaristas como Yvonne Idamange, que denunció los crímenes cometidos por el FPR en el genocidio de 1994, fue declarada culpable de incitar a la violencia y a la insurrección entre otros cargos que le condenaron a 15 años de cárcel tras un proceso a puerta cerrada. Además, muchos blogueros han reconocido haber sido amenazados para que difundieran informaciones favorables al gobierno.

Represión más allá de las fronteras

Pero la represión y persecución política no se limita al interior de las fronteras ruandesas. La diáspora ruandesa también ha sufrido presiones y amenazas incluso en países como Australia o Canadá. Además, existen informes completamente creíbles que denuncian las desapariciones o regresos forzosos de muchos refugiados y solicitantes de asilo ruandeses.

Cassiem Ntamuhanga, por ejemplo, un solicitante de asilo en Mozambique que fundó un movimiento de oposición al gobierno ruandés, no ha sido visto después de que fuera detenido por la policía mozambiqueña en mayo. En este sentido, la intervención del ejército ruandés en la región mozambiqueña de Cabo Delgado ha generado inquietudes entre los refugiados llegados de Ruanda.

Orientación sexual e identidad de género

A pesar de que Ruanda es uno de los pocos países de África del este que no condena las relaciones entre personas del mismo sexo y que sus políticas gubernamentales son generalmente consideradas progresistas, en la práctica, las personas del colectivo LGTBI siguen estando estigmatizadas. De hecho, en 2021, HRW denunció la detención arbitraria de nueve personas transgénero y/o homosexuales en pleno centro de Kigali.

Covid-19

Las rigurosas medidas de confinamiento que impuso el gobierno ruandés para hacer frente a la pandemia de la covid-19 han hecho que la economía de Ruanda se haya visto especialmente afectada. Además, las autoridades han detenido a decenas de miles de personas acusadas de haber infringido las medidas de salud pública. De esta manera, las críticas a la respuesta gubernamental a la pandemia han sido especialmente perseguidas y censuradas.

Justicia internacional

Durante este año también han sido destacables los juicios contra algunos de los responsables del genocidio de 1994. El gobierno ruandés ya lleva algunos años tratando de lograr acuerdos para la extradición de las últimas personas sospechosas de haber participado en el genocidio a Ruanda. En cualquier caso, dadas las escasas garantías que hay de que vaya a celebrarse un proceso equitativo, este no está siendo un objetivo fácil de lograr.

Principales actores internacionales

Las relaciones internacionales de Ruanda tampoco están pasando por buen momento. La reunión de jefes de Estado de la Commonwealth, que supuestamente se celebraría en Kigali en junio de 2020, volvió a ser aplazada en 2021 en medio de numerosas polémicas por las conflictivas detenciones a personas desfavorecidas a las que se las amenazó para que no estuvieran en las calles durante la reunión.

Por otro lado, la relación con Francia se tensó aún más tras la publicación del informe de una comisión gubernamental francesa sobre la responsabilidad que tuvo el país europeo en el genocidio de 1994, reconociendo que Francia había ignorado deliberadamente dichos acontecimientos.

A pesar de que el Parlamento europeo ya ha adoptado dos resoluciones condenando las desapariciones forzosas y los procesos injustos que se están dando en Ruanda, otras instituciones de la Unión europea siguen sin querer declarar su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están dando en el país.

Fuente: Human Rights Watch - @hrw_espanol

[Traducción, Juan Luis Iribarren. Edición, Alaitz Sáez]

[CIDAF-UCM]

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