La crisis de legitimidad del MPLA podría estar sembrando las semillas de una revolución contra sí mismo.
El 8 de septiembre, la fachada de la democracia en Angola recibió otro golpe casi fatal. Después de tres décadas de elecciones y una apariencia de tolerancia hacia la política de oposición y la sociedad civil, se demostró que la nación era poco más que un estado autoritario apenas disimulado.
El 24 de agosto, la mayoría de votantes había rechazado por un estrecho margen al gobierno de turno. El recuento paralelo de votos de la principal oposición, UNITA, sugirió que había obtenido el 49,5 % de los votos frente al 48,2 % del gobernante MPLA, según el 94 % de las hojas de resultados de 13.200 colegios electorales. Sin embargo, la comisión electoral -controlada por el oficialismo- anunció que el MPLA había ganado con el 51 % frente al 43,9 % de UNITA.
UNITA llevó el asunto al Tribunal Constitucional, pidiendo un recuento y una comparación de los resultados oficiales con su propio recuento. Citaron las muchas y generalizadas irregularidades habidas durante el proceso. Se estima que hubo 2,7 millones de votantes muertos en el registro electoral, lo que le dio al MPLA un amortiguador para jugar con números y justificar resultados diferentes en provincias específicas. Y hubo dudas sobre el papel de la empresa española de logística electoral Indra que había sido acusada de facilitar el fraude a favor del MPLA en elecciones anteriores.
Hubo también casos claros de creación de un campo de juego desigual y opacidad en el proceso. Los medios estatales, por ejemplo, destinaron el 90 % de su cobertura al MPLA. Mientras tanto, la Comisión electoral realizó dos cambios clave que contravenían la ley electoral apenas una semana antes de las elecciones. El primero fue eliminar el número total de votantes de las hojas de resultados, lo que facilitó la alteración de los números. El segundo fue restringir el acceso al Centro de cómputo nacional a solo cinco comisionados electorales y a un “grupo técnico”, negando así la entrada a otros comisionados junto con la prensa y la sociedad civil.
El Tribunal Constitucional de Angola, otra institución supuestamente neutral, fuertemente influenciada por el MPLA, tardó solo dos semanas en considerar el caso antes de desestimar las reclamaciones de UNITA. En ese tiempo los jueces no pidieron una verificación de los resultados, ni que la Comisión Electoral mostrara sus hojas de resultados o explicara cómo contabilizó el resultado. Un cónclave de diez magistrados no respetó el papel más fundamental que es el respeto a la probidad pública. Violaron su propia constitución.
Sembrando las semillas de la revolución
Hoy, 15 de septiembre, el presidente João Lourenço prestará juramento para un segundo mandato. Lo harà en una capital sitiada. Uno de los resultados notables de las elecciones fue la victoria de UNITA en Luanda, que representa un tercio del electorado. Los urbanitas, la juventud educada e incluso muchos expartidarios del MPLA votaron allí por la oposición.
Es por temor a las protestas en Luanda que el gobierno ha desplegado la guardia militar, policial y presidencial a lo largo de las arterias estratégicas. Curiosamente, gran parte de las bases de las fuerzas de seguridad parecen haber votado por la oposición si los resultados cerca de los cuarteles son una indicación confiable.
No obstante, columnas de vehículos policiales blindados y camiones kamaze, de fabricación rusa, se alinean ahora en las calles de los suburbios clave. En barrios que votaron por la oposición como Rocha Pinto, Samba, Zango, Viana y Cazenga la presencia de las fuerzas de seguridad está trayendo recuerdos de la guerra civil y las masacres políticas de 1977 y 1992. Pero ni en los peores años de la guerra tuvo Luanda todo el aparato de seguridad en exhibición para intimidación pública en lugar de seguridad pública. En otros lugares, los activistas han sido amenazados o arrestados por el Servicio de Investigación Criminal (SIC) y el servicio de inteligencia SINSE. Y en redes sociales, mientras tanto, circulan supuestas listas de líderes opositores destinados a ser eliminados.
Este no es un escenario nuevo. Varios regímenes autoritarios en África y más allá han subvertido procesos democráticos y luego han movilizado a las fuerzas de seguridad para eliminar la protesta pacífica. A menudo, esto prefigura un mayor descenso al caos en los años siguientes, alimentados por la mala gobernanza y las injusticias no abordadas.
Así entendido, el robo de las elecciones de 2022 por parte del MPLA solo le asegura más poder en el plazo inmediato. El partido gobernante, en el poder desde 1975, es cada vez más impopular y, al subvertir tan descaradamente la voluntad popular, es considerado cada vez más ilegítimo. Esto sería peligroso para un régimen en cualquier situación, pero en un momento de empeoramiento de las condiciones económicas y creciente inseguridad alimentaria el MPLA podría descubrir que está sembrando las semillas de una revolución contra sí mismo.
Paula Cristina Roque
Fuente: African Arguments
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
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