Las autoridades políticas angoleñas no están especialmente interesadas en la justicia ni en la lucha contra la corrupción. Se trata más bien de ajustar cuentas.


Estudiosos de la economía política de Angola han establecido al petróleo como el lubricante de las políticas en el país. El petróleo es la principal fuerza detrás de la aparición de la burguesía nacional. A diferencia de Sudáfrica, por ejemplo, donde las fortunas se han hecho a través de la corrupción en el proceso de licitación -en el que una clase de actores influyentes que gravitan alrededor del partido gobernante han tenido la oportunidad de entrar en negocios con el Estado-, la creación de riqueza en Angola es más cruda y básica. En la mayoría de los casos ha sido a través de transferencias directas de dinero de las arcas del Estado a los bolsillos de individuos. Además, la mayoría de estos individuos se han incorporado a la clase empresarial sin abandonar sus puestos de trabajo para el Estado.

En el centro de todo esto está Sonangol, la empresa estatal que supervisa las operaciones petroleras en Angola. Desde que Angola abandonó sus lazos con la ortodoxia socialista y abrazó el neoliberalismo a principios de la década de 1990, las fortunas de la mayoría de los multimillonarios del país se deben a la generosidad de Sonangol. Sin embargo, bajo la presidencia de João Lourenço, que remplazo en 2017 al por mucho tiempo presidente José Eduardo dos Santos, se ha encomendado a la empresa estatal una nueva novedosa tarea. Ahora se la ha puesto en el centro de una cruzada anticorrupción. Esto ha tenido lugar a través de procedimientos de investigación emprendidos por los fiscales angoleños que consisten en rastrear los caminos del dinero robado a través de Sonangol.

Este es, por ejemplo, el caso de la investigación de las autoridades angoleñas sobre Hélder Vieira Dias, también conocido como el general Kopelipa. Kopelipa era el jefe del Gabinete de Reconstrucción Nacional (GRN) -bajo la supervisión directa del expresidente- que gestionó los miles de millones de préstamos, respaldados por el petróleo, que China empezó a verter en la economía de Angola desde mediados de 2000. Sonangol formaba parte de todo esto, ya que el codirector del GRN era el jefe de Sonangol. Kopelipa y sus socios consiguieron desviar recursos de los fondos procedentes de China para construir un amplio abanico de empresas cuyos intereses iban desde la construcción y el comercio minorista hasta el sector inmobiliario y la bioenergía.

Irónicamente, Isabel dos Santos podría haber sido la persona que lideró la utilización de Sonangol como equipo anticorrupción. En 2016, su padre la nombró directora de Sonangol. Para muchos observadores, este nombramiento equivalía a poner a un zorro a cargo de las gallinas. Como era de esperar, desde entonces ha sido acusada por el gobierno de João Lourenço de malversar millones de dólares en virtud de dudosos esquemas, como el pago excesivo de servicios de consultoría que nunca se prestaron. Sin embargo, durante su mandato en Sonangol, ella afirma haber descubierto numerosas prácticas ilícitas de anteriores administraciones. Algunas de ellas han sido utilizadas por su equipo jurídico como palanca en las actuales negociaciones con las autoridades judiciales angoleñas.

Si se toma a Isabel dos Santos por su palabra, de que había intentado abordar el problema de la corrupción en Sonangol, ella podría haber encontrado el caso de uno de los actos más escandalosos de corrupción que involucra a Carlos São Vicente, casado con Irene Neto, la hija mayor del primer presidente angoleño, Agostinho Neto. Al conseguir transferir el negocio de seguros de Sonangol a sus propias empresas, montó una compleja operación que le permitió desviar cientos de millones de dólares del país pagados en forma de primas infladas por las empresas petroleras internacionales implicadas en actividades extractivas en Angola.

En una declaración enviada a la agencia de noticias portuguesa Lusa en octubre de 2020, los abogados suizos contratados por São Vicente encontraron una contradicción en los procedimientos de las autoridades judiciales angoleñas, que, en agosto de 2020, le exculparon de cualquier delito cuando las autoridades suizas congelaron 900 millones de dólares depositados en instituciones financieras suizas. Sin embargo, cuando se filtraron las cuentas del proceso penal, el gobierno angoleño detuvo a São Vicente el 22 de septiembre.

El quid de la cuestión es que las autoridades políticas angoleñas no están especialmente interesadas en la justicia. Al haber sido privados de la oportunidad de preparar una clase empresarial africana durante el colonialismo, los angoleños han utilizado oficialmente la corrupción como forma de alimentar la "burguesía nacional". Según una estimación de João Lourenço, en una entrevista con The Wall Street Journal, durante el mandato de José Eduardo dos Santos se desviaron unos 24.000 millones de dólares de las arcas públicas, la mayor parte de ellos desde Sonangol. Pero João Lourenço, destacado miembro del gobierno de dos Santos, no era conocido por hablar de los excesos de aquella época, y tampoco hay indicios de que se oponga a la corrupción como cuestión de principios.

Al gobernar un país que necesita desesperadamente dinero en efectivo, João Lourenço está utilizando los archivos históricos de Sonangol para perseguir a quienes se han beneficiado del dinero del petróleo. Para él, se trata simplemente de una venganza y de una oportunidad para saldar viejas cuentas.

António Tomás

* António Tomás es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Johannesburgo.

Fuente: Afica is a Country - @africasacountry

[CIDAF-UCM]

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