Desde el año 2018, el país dirigido por Faure Gnassingbé, hijo del que fuera presidente del país, y del partido único, durante casi cuarenta años, está llevando a cabo una reducción progresiva de los derechos individuales y colectivos y de las libertades. Previas a la crisis mundial provocada por la pandemia de Covid-19, se aprobaron la Ley de Ciberseguridad y contra el Cibercrimen (2018), la Ley de Seguridad Interna (2019) y, al mismo tiempo, la enmienda a la ley que regulaba el derecho a la manifestación pacífica y reunión.

Excusándose en la crisis sanitaria, el 16 de marzo de 2020 el gobierno togolés impuso una prohibición total a cualquier tipo de manifestación en espacios públicos. Estas restricciones se encuentran muy alejadas de los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad o discriminación previstos para cualquier medida legislativa impulsada por el gobierno de una nación democrática. Además, Naciones Unidas ya alertó de las posibles vulneraciones de derechos básicos entramados entre medidas sanitarias.

Esta situación está siendo agravada por la vigencia en Togo del estado de emergencia que no se levantará hasta septiembre de 2022 y que se remonta al inicio de la pandemia, aunque fue prolongado en septiembre de 2021. Así pues, los togoleses solo tienen permitido reunirse en la vía pública por motivos profesionales sin llegar a superar las quince personas.

Tras el anuncio de las autoridades sanitarias togolesas de la inexistencia, por el momento, de casos de la covid-19 en los centros de tratamiento del país, y la voluntad de levantar ciertas restricciones impuestas bajo premisa sanitaria, la población no ve indicios de una restauración de los derechos y libertades básico y de los que no disfrutan.

Fuente: Togo Focus, Amnistía Internacional

[Traducción y edición, Mario Civantos González]

[CIDAF-UCM]

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