Las denuncias de abuso sexual por parte de trabajadores humanitarios en un campamento administrado por la ONU en Sudán del Sur comenzaron a hacerse públicas por primera vez en 2015, dos años después de que estallara la guerra civil. Siete años después, los informes de una investigación de The New Humanitarian y Al Jazeera no sólo detallan que continúan, sino que han aumentado recientemente.
El informe señalaba abiertamente prácticas de abuso sexual de trabajadores humanitarios en Malakal, una violencia que, según dicen, era conocida por los funcionarios de ayuda, al igual de que algunas víctimas eran incluso menores de edad. Apunta a que los presuntos perpetradores eran trabajadores de la OIM, MSF, el PMA y World Vision.
Relata que a pesar de los esfuerzos de la ONU, que asignó para este propósito un grupo de trabajo, las estrategias para detener los abusos han resultado insuficientes. Del mismo modo que ha faltado un gran apoyo psicológico y emocional a las víctimas. Los abusos se desarrollaban en un contexto de disparidad de poder dentro de la dinámica de género que dieron lugar a formas de explotación, en muchas ocasiones a través de sobornos para acceder a las mujeres.
Una mujer declaró haber quedado embarazada en 2019 de un trabajador local del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Aunque la relación fue consensuada, la mayoría de los grupos de ayuda, incluido el PMA, prohíben las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios debido a los marcados desequilibrios de poder.
Otra mujer dijo que tenía 15 años cuando un trabajador local de World Vision la violó, dejándola embarazada. Temiendo por su futuro, dijo que trató de ahorcarse antes de decidir abandonar el campamento en un intento por construir una vida mejor.
Las denuncias de estas mujeres concuerdan con las de otros residentes del campamento, testimonios que se detallaron en un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) enviado a las agencias humanitarias el 5 de octubre de 2020 y compartido con The New Humanitarian y Al Jazeera por un trabajador humanitario que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Aunque algunas mujeres dijeron que el sexo era consensuado, también dijeron a los periodistas que tenían pocas otras formas de mantenerse a sí mismas o a sus familias sin el dinero o los obsequios que les daban los hombres. Dijeron que temían que si dejaban de tener relaciones sexuales con los trabajadores humanitarios, el apoyo se detendría.
La ONU define la explotación sexual como cualquier abuso real o intentado de la posición de poder de una persona, utilizando la vulnerabilidad o la confianza, con fines sexuales. Lo prohíbe porque se basa en relaciones desiguales, señalando cualquier tipo de transacción por sexo -como dar regalos u ofrecer apoyo- refleja este equilibrio de poder desigual.
A pesar de las continuas denuncias de ONGs y Agencias Humanitarias, desde 2016, la ONU ha remitido tan solo dos casos al gobierno de Sudán del Sur, según una base de datos de la ONU. Los funcionarios de Sudán del Sur no respondieron a los múltiples intentos de ser contactados para continuar con la investigación. La solución a estos abusos y la asunción de responsabilidades siguen siendo una tarea pendiente de la sociedad internacional.
Fuente: AllAfrica
[Traducción y edición, Elena Cañete Montilla]
[CIDAF-UCM]
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