La violencia en Sudán del Sur continúa y amenaza la construcción de un Estado en formas que, hasta ahora, no han sido tenidas en cuenta en los esfuerzos por establecer un gobierno efectivo. Mientras que las acciones tomadas están encaminadas al cese de la violencia y el establecimiento de instituciones estatales, no se ha incluido en esta programación una vía para la reparación y justicia hacia las víctimas de la guerra civil.
El Acuerdo de Paz de 2018, aunque haya sido un hito y logro que no debe ser desestimado, se ha focalizado en los aspectos principales para la creación de un Estado sólido en los términos más clásicos. Entre los objetivos del Acuerdo se encuentran la reforma de los sistemas judicial y legislativo, así como la creación de una comisión constitutiva. Asimismo, en el plan más material, el Acuerdo establece pautas para el desarme y la desmovilización y reintegración (DDR, por sus siglas en inglés).
El DDR supone, junto con la creación de un ejército nacional unificado, uno de los pilares fundamentales para la creación del Estado de Sudán del Sur. Sin embargo, la falta de homogeneización de las milicias del país no sólo ha puesto un freno a la aplicación real del Acuerdo, sino que permite la continuidad de la violencia en numerosas regiones.
Ante esta situación, tanto las Naciones Unidas como Amnistía Internacional se han pronunciado. El jefe de la Misión Especial de Sudán del Sur (UNMISS) advirtió a las principales fuerzas políticas y militares del país del peligro que correría la vigencia del acuerdo, sobre todo en materia limítrofe y territorial, de no ser éste puesto en práctica. Por otra parte, representantes de Amnistía han denunciado las consecuencias que está teniendo la demora en la aplicación del DDR. Testimonios recogidos por la organización ponen de manifiesto la realidad de violencia indiscriminada que sufren especialmente las mujeres de la comunidad de Balanda.
La inaplicación del Acuerdo, la falta de ejecución del plan de DDR y el foco en la institucionalización del Estado han dejado de lado la importancia de la justicia y las reparaciones para las víctimas de la guerra civil. Así, como ha puesto de manifiesto Amnistía Internacional, incluso si el Acuerdo de 2018 se estuviera aplicando religiosamente por todas las partes implicadas en el conflicto, Sudán del Sur no está contemplando un plan de acción para los crímenes de guerra a los que se enfrenta una vez finalice su conformación estatal. La estabilidad y viabilidad de la construcción de un Estado en Sudán del Sur no dependen únicamente de los factores materiales e institucionales establecidos en el Acuerdo de 2018. Sudán del Sur no prosperará, o por lo menos no sobre una base de legitimidad, a menos que incluya la justicia social en sus planos de edificación.
Fuente: Sudans Post, SSNews Now, Al Jazeera
[Traducción y edición, Araceli Guerrero García]
[CIDAF-UCM]
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