En un contexto de turbulencias democráticas, una corrupción profundamente anclada exacerba las amenazas que pesan sobre las libertades.
África subsahariana no muestra ninguna mejora significativa en el IPC 2021. Los progresos realizados por un puñado de países quedan eclipsados por el estancamiento de otros países y por los “logros” globales; 40 de los 44 países evaluados en el Índice siguen obteniendo un resultado inferior al 50.
Con la pandemia de la COVID-19, a la que se añaden los prolongados conflictos armados y las crecientes amenazas terroristas, 2021 ha sido un año tumultuoso para África subsahariana. Estas inquietantes situaciones exacerban los graves problemas de corrupción que desde hace mucho tiempo existían.
Para evitar que la corrupción estallara a pleno día, los gobiernos han limitado la información y han reprimido las voces independientes. En un continente en el que la corrupción saquea los recursos naturales y dificulta el acceso de millones de personas a los servicios públicos, los resultados de una década de estancamiento puesto en evidencia por el IPC 2021 no podrían ser más devastadores.
Los mejores resultados y los menos buenos
Seychelles (70 en la lista) figuran a la cabeza de la clasificación IPC 2021, seguidas de lejos por Cabo Verde (58) y Botsuana (55). Para los países situados en los lugares más bajos de la clasificación, Guinea Ecuatorial (17), Somalia (13) y Sudán del Sur (11), el camino para salir de la corrupción es especialmente arduo.
Las mejoras deben ser duraderas
Seychelles (ha subido 18 puntos desde 2012) ha progresado de manera regular en estos 10 años. En este periodo se han producido reformas de calado. Estos avances deben consolidarse más. Por ejemplo, la Asamblea nacional ha votado la supresión de la obligación para el entorno familiar de los altos funcionarios de declarar sus bienes, creando así un una falla. Convendría también combatir el secreto bancario que hace del país un destino atractivo para el dinero sucio de todo el mundo.
Angola (29 – en alza de 7 puntos desde 2012) registra una neta mejora tras la elección como Presidente de Joao Lourenço en 2017. Las autoridades han llevado a cabo investigaciones sobre la antigua familia en el poder. Una de las investigaciones concernía a la hija del antiguo presidente y ex-dirigente de la empresa petrolera del Estado Sonangol, Isabel Dos Santo; recientemente ha sido sancionada por el gobierno americano por “grave corrupción”. No obstante, las investigaciones sobre otros casos son escasas, lo que hace sospechar que se trata de una justicia selectiva. Muchos angoleños piensan que el presidente se sirve de la lucha contra la corrupción para eliminar a sus adversarios políticos. La mayoría ha declarado igualmente que quienes denuncian la corrupción son represaliados o se arriesgan a sufrir represalias. En junio pasado las autoridades han acusado a un periodista “de abuso de la libertad de prensa” tras haber denunciado la corrupción en una de las provincias del país.
País que debe vigilarse: Senegal
El resultado de Senegal (43) en el IPC ha mejorado sustancialmente (partía de 36) en la última década. Los avances se basan en la creación del Oficio nacional de lucha contra el fraude y la corrupción (OFNAC) y la adopción de la ley de declaración sobre el patrimonio. Pero los progresos se han interrumpido y el resultado ha bajado 2 puntos entre 2020 y 2021. En 2020, el país ha adoptado una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, pero sus perspectivas no están claras, ya que subsisten retos en el ámbito de los recursos y de la puesta en práctica.
La desigual aplicación de la legislación anti-corrupción es una importante preocupación. En 2019, detalles hasta entonces desconocidos en torno a la venta en 2012 de derechos de concesión por dos bloques petrolíferos offshore salieron a la luz e implicaron al presidente Macky Sall y a su hermano Aliou Sall en un posible asunto de corrupción internacional. Aliou Sall, en respuesta a la presión pública, dimitió de sus funciones públicas. En 2020, Freedom House ha hecho retroceder a Senegal de “libre” a “parcialmente libre” señalando también el inicio de denuncias por corrupción con fines políticos contra figuras de la oposición. Si bien los medios funcionan con relativa libertad, las leyes sobre difamación limitan las libertades civiles.
La impunidad agrava la situación
Uno de los países de África subsahariana, Botsuana (55), con mejores resultados, ha bajado significativamente con relación al resultado de 2012 (65). Este resultado corrobora las conclusiones de la investigación de la corrupción de Transparency International de 2019, que mostró que la mayoría de los ciudadanos de Botsuana pensaba que la corrupción había aumentado en su país. Preocupa la impunidad de la que gozarían los altos responsables gubernamentales implicados en un turbio asunto de pillaje del Fondo nacional de petróleo.
Liberia (29), que ha perdido 12 puntos desde 2012 (41). Las denuncias de corrupción no aclaradas y una cultura persistente de impunidad están entre las principales fuentes de preocupación. La insuficiencia de los recursos de lucha contra la corrupción y la debilidad del sistema judicial siguen socavando la lucha contra la corrupción.
Rendición de cuentas: altibajos
El IPC 2021 muestra que el 80 % de los países de África subsahariana han quedado estancados en el transcurso de estos diez últimos años. Uno de los principales peligros para el progreso es la corrupción sistemática que implica a los altos funcionarios y a importantes sumas de dinero, acompañadas a menudo de graves violaciones de los derechos humanos. La impunidad es la norma más que la excepción. El continente ha perdido decenas de miles de millones de dólares cada año debido a la fuga de capitales. El año pasado, la investigación Pandora Papers reveló que cerca de 50 personalidades políticas y al menos cinco jefes de Estado africanos abusaban del sistema financiero mundial y transferían secretamente su fortuna al extranjero.
En Nigeria (24), que ha registrado un resultado históricamente bajo en el IPC 2021, más de 100 personas poderosas son citadas como habiendo utilizado sociedades anónimas para comprar propiedades de un valor total de 350 millones de libras esterlinas, únicamente en el Reino Unido. La investigación Panama Papers y los ficheros FinCEN ya habían revelado la existencia de transacciones secretas. La inacción ante estas revelaciones ha creado un sentimiento de impunidad bloqueando los progresos de la lucha contra la corrupción en el país.
A finales de 2021, las investigaciones Congo Hold-Up han generado un auténtico choque y conmoción en la República Democrática del Congo (RDC) (19). Personas pertenecientes al círculo del antiguo presidente Joseph Kabila habrían desviado fondos del Banco Central del Congo, de una empresa minera controlada por el Estado y de la administración fiscal, entre otros. Se han filtrado documentos a periodistas desde una filial en RDC del grupo BGFIBank basado en Gabón (31) – un banco privado utilizado para desplazar al menos 138 millones de dólares entre 2013 y 2018.
Nuevas revelaciones de periodistas de investigación muestran un cuadro más completo de la cleptocracia en Guinea Ecuatorial (17). El ministro del Petróleo Gabriel Mbega Obiang Lima – hijo del presidente Teodoro Obiang – habría trasvasado millones de fondos públicos y sobornos al extranjero. Se hizo justicia en el caso de otro miembro de la familia Obiang, el tristemente célebre vicepresidente Teodorín Obiang, condenado definitivamente por corrupción e Francia.
El antiguo presidente de Sudáfrica (44), Jacob Zuma, es uno de los raros jefes de Estado que ha sido objeto de acusaciones de corrupción en su propio país. Fueron adoptadas medidas positivas para denunciar y eliminar la corrupción de alto nivel. Sin embargo, el debilitamiento de los órganos encargados de la aplicación de la ley ha contribuido a la erosión de la confianza de la gente.
País que debe vigilarse: Mozambique
Mozambique (26) ha bajado 5 puestos desde 2012 (31). El país sigue atrapado por las consecuencias del escándalo de corrupción de “la deuda oculta” revelado en 2016. Este sistema habría permitido a altos funcionarios mozambiqueños conspirar con banqueros de Europa y hombres de negocios de Oriente Medio para suscribir un préstamo de 2.000 millones de dólares en nombre del país. Los fondos habrían sido desviados por medio de sobornos y comisiones ocultas. Las personas acusadas de estar detrás del montaje de esta deuda oculta han sido juzgadas a finales de 2021. Este asunto judicial, muy mediatizado, está cargado de esperanza, pero sirve también para poner a prueba la rendición de cuentas.
La democracia en peligro, las libertades civiles atacadas
Según las últimas encuestas de Afrobarometer @afrobarometer, una mayoría de ciudadanos africanos piensa que la corrupción está al alza y expresa su descontento en cuanto al funcionamiento de la democracia. Nada extraño, ya que la persistente corrupción ha ido a la par con cambios de poder anticonstitucionales en varios países del continente.
Otros gobiernos han impuesto restricciones desproporcionadas a las libertades civiles, a menudo con el pretexto de contener la pandemia, limitando la capacidad de las poblaciones para pedir cuentas al poder. En el Índice de democracia 2020, África subsahariana ha registrado su peor resultado desde 2006; los gobiernos han utilizado la pandemia y los conflictos para reforzar la represión.
Malí (29) ha bajado varios puestos en el IPC (en 2015 el puesto era 31); descenso también en libertades civiles debido a crisis políticas y de seguridad que han derivado en tres golpes de Estado militares desde 2012. El conflicto armado impide que el Estado garantice sus funciones y crea el círculo vicioso de corrupción y violaciones de derechos humanos.
En Etiopía (39), aunque presenta una neta progresión respecto a los datos de 2012 (33), su paso atrás en materia de libertades civiles puede anular los progresos anteriores; el gobierno ha utilizado el conflicto de Tigray para acallar las voces independientes. En 2021, las autoridades han cerrado un medio y han detenido a decenas de periodistas que cubrían la guerra civil.
Cómo romper el círculo
Los resultados del IPC 2021 deberían servir como voz de alarma para las sociedades africanas. La enormidad de los desafíos que plantea la corrupción exige respuestas audaces. El progreso en esta materia solo se realizará si los controles sociales e institucionales del poder se consolidan. Los gobiernos deben eliminar las restricciones impuestas y cesar de utilizar la pandemia o los conflictos para sofocar la disidencia. Más allá del poder que posean los culpables de corrupción, las instituciones judiciales y los agentes de lucha contra la corrupción deben exigir el rendimiento de cuentas.
Fuente: Transparency International – @anticorruption
[Resumen y Traducción, Ramón Arozarena]
[CIDAF-UCM]
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