Mella Márquez, José María

Catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de un gran número de libros e investigaciones especializadas en su área profesional e investigador de AMENET (África, Mediterráneo y Europa Jean Monnet Network de la Unión Europea), así como colaborador del CIDAF-UCM.

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El presente artículo comprende el décimo y último capítulo de la serie de estudios y visiones sobre la integración económica bajo el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés) escritos por nuestro insigne colaborador José María Mella, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Africa, Mediterranean, and Europe Jean Monnet Network, UE (AMENET).

La sabiduría convencional en Economía plantea que la libertad de comercio e inversión conlleva una transformación económica inclusiva de los países africanos. Se dice, sin mayores matices, que el desarrollo es por sí mismo sostenible e inclusivo. Pero esta afirmación es equivalente a decir que, en el Acuerdo de Área de Libre Comercio Continental de África (ALCAF), los procesos de comercio, inversión y derechos humanos son complementarios. Pero en África se manifiesta un creciente escepticismo sobre la liberalización del comercio y la inversión y sus posibles efectos favorables sobre la equidad social.

En efecto, una excesiva confianza en las ganancias y beneficios potenciales de la liberalización derivada del ALCAF podría llevar a subestimar los impactos distributivos adversos. Porque la compatibilidad entre el ALCAF con los derechos humanos no está asegurada de antemano.

El ALCAF podría tener diferentes impactos sobre diversos grupos socioeconómicos o capas de la población más vulnerables y en riesgo, por el acceso desigual a los recursos. Estos grupos de la población son sobre todo los pequeños agentes económicos, las mujeres y los sectores rurales.

De ahí que se deba ser cauteloso y asegurar que las ganancias de productividad y las mejoras de bienestar generadas por el ALCAF sirvan para aumentar los niveles de empleo, reforzar la cohesión, el equilibrio social y los derechos humanos. En una palabra, el avance del ALCAF deberá medirse en términos de erradicación de la pobreza, la promoción de la educación, la protección de la salud, el saneamiento y los servicios básicos; juntamente con la garantía de los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género y el Estado de derecho.

A su vez, deben implementarse una serie de recomendaciones en materia de consulta y participación de las asociaciones de productores agrícolas y consumidores, cámaras de comercio e industria, universidades y colegios profesionales, parlamentos y medios de comunicación, organizaciones ecologistas, asociaciones de mujeres y movimientos de jóvenes. Deberán tenerse en cuenta también a los colectivos más vulnerables del ámbito rural, inmigrantes, refugiados y desplazados para hacer oír su voz.

Todo este ambicioso proceso de participación debe basarse en una información suficiente (indicadores económicos, sociales, políticos, desagregados por localización, edad, sexo y etnia), el fácil acceso a la misma y difundida por los medios de comunicación social. Información imprescindible para la elaboración de políticas que hagan frente a los potenciales efectos adversos del ALCAF, especialmente sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

José María Mella Márquez @josemariamella

[CIDAF-UCM]

Serie de estudios y visiones sobre la integración económica bajo el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA):

 Inversiones extranjeras, convergencia y competencia en la integración africana