Un tribunal de Sudáfrica ordena poner fin al abuso y la tortura policial

20/05/2020 | Noticias

lady-justice-2388500_1280.jpgGrupos de derechos humanos y expertos han acogido con satisfacción una serie de órdenes emitidas por un tribunal sudafricano que obligará a las autoridades a prevenir la brutalidad policial y militar durante la aplicación del encierro. En una sentencia emitida el pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Pretoria, declaró que todos los ciudadanos tienen una serie de derechos humanos -incluido el derecho a la vida, a no ser torturado y a no ser castigado de manera cruel, inhumana o degradante- incluso durante una emergencia. Esta orden se emite tras la solicitud urgente presentada por la familia de Collins Khosa, un padre de tres hijos que murió tras ser supuestamente golpeado por las fuerzas de seguridad el 10 de abril.

El tribunal escuchó de la familia de Khosa que miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) entraron en su casa en el municipio de Alexandra, en Johannesburgo, después de que se encontrara una taza de alcohol en su patio. Las ventas de alcohol no están permitidas bajo las medidas de contención del coronavirus. En una declaración jurada, su amigo Nomsa Montsha afirmó que las fuerzas de seguridad vertieron cerveza sobre Khosa después de arrastrarlo afuera, lo golpearon contra una pared de cemento y lo golpearon con la culata de una ametralladora. Después, Khosa comenzó a vomitar, no pudo caminar y perdió el conocimiento. Fue declarado muerto unas horas más tarde. Montsha y el cuñado de Khosa aseguraron que también fueron agredidos.

La familia se había dirigido al tribunal para demandar el fin de lo que describieron como brutalidad policial y militar, mientras Sudáfrica intenta detener la propagación del coronavirus. En el fallo, el juez Hans Fabricius declaró que todos los miembros de la SANDF y la policía metropolitana que estaban en la casa de Khosa o cerca deberían ser suspendidos. Fabricius también otorgó cinco días a los ministros de policía y defensa para desarrollar y publicar un código de conducta durante el encierro y para ordenar a los miembros de las fuerzas de seguridad que se adhieran a la «prohibición absoluta de la tortura». En su sentencia, Fabricius citó un informe de las Naciones Unidas de 2019 sobre la tortura en Sudáfrica, en el que se determinó que las instituciones estatales no habían investigado las denuncias de tortura estatal de manera imparcial. El tribunal también recordó el estado de los fundamentos morales de la democracia sudafricana y la importancia del Estado de derecho.

A mediados de marzo, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa declaró un «estado nacional de desastre«, y anunció una serie de medidas drásticas para contener la propagación de la pandemia del coronavirus. El 26 de marzo, el gobierno impuso un encierro nacional y comenzó a desplegar decenas de miles de soldados para apoyar a la policía. Desde entonces, ha habido varias denuncias alegando el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Al menos nueve muertes, presuntamente a manos de la policía, están siendo investigadas.

Al comentar la sentencia del viernes, Edwin Makwati, investigador del Centro de Recursos Jurídicos, se refirió a ella como «un momento decisivo en la resolución de casos de tortura en Sudáfrica». Makwati aseguró que la sentencia induce al gobierno sudafricano a «rectificar defectos en el marco legislativo», incluyendo la falta de mecanismos de investigación. Según Thomas Coggin, profesor senior de la Universidad de Witwatersrand, el caso de Khosa es «emblemático de cuestiones más grandes», como la falta de formación adecuada de la policía en situaciones de crisis. El comentarista sudafricano Eusebius McKaiser afirmó en una entrevista radiofónica que era «asombroso» y «una vergüenza» que el tribunal tuviera que recordar a la policía los derechos que debemos dar por sentados». «La responsabilidad y una cultura de justificación no se marchan por la ventana sólo porque estamos operando bajo la Ley de Gestión de Desastres en este momento», agregó McKaiser.

Fuente: Al Jazeera

[Traducción y edición, Patricia Fernández Blanco]

[Fundación Sur]


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