Según informa Duncan Mlanjira, del diario digital Nyasa Times, en la sección 14.3 de las Condiciones de Servicio del Banco Central de Malaui se ha dispuesto que todos los empleados de dicha institución deberán estar vacunados antes del 21 de enero. En caso contrario, se les obligaría a presentar semanalmente una prueba PCR negativa de Covid-19, que deberían pagar de su propio bolsillo, y se arriesgarían a perder los permisos remunerados. Esta medida es parte de la campaña lanzada por el Gobierno del país africano para establecer la vacunación obligatoria en todo el país.

No obstante, estas medidas han contado con el rechazo de varias asociaciones nacionales de defensa de los Derechos Humanos y de ciudadanos particulares, elevando sus protestas ante el Tribunal Supremo de Malaui el pasado 3 de enero para iniciar un recurso legal contra tales iniciativas por considerar que suponen una vulneración de los derechos de los ciudadanos y que se trata de unas vacunas experimentales y que no cuentan con la aprobación de las autoridades sanitarias, si bien la Abogacía General del Estado ya ha manifestado que dichas partes demandantes no tienen autoridad para representar al pueblo de Malaui en un pleito.
Sea como fuere, si nos atenemos a los datos oficiales, se puede observar que, a fecha del sábado 8 de enero, casi 740.000 personas estaban completamente vacunadas, mayoritariamente con AstraZeneca y Johnson and Johnson, y en menor cuantía con Pfizer. No obstante, ese mismo día se registraron 631 nuevos casos, ascendiendo a un total acumulado de 79.713 casos, de los cuales 2.411 concluyeron con el deceso de los afectados.

Fuente: Duncan Mlanjira – Nyasa Times.

[Traducción y edición, Félix Núñez Ruiz]

[CIDAF-UCM]

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