Liberia se está vendiendo a sí misma trozo a trozo, nueve años después de que terminase una terrible guerra civil, ofreciendo al mejor postor sus valiosos recursos, a pesar de que esto podría reavivar las tensiones entre una población que a menudo siente que está siendo vendida.
El presidente de la Comisión de Tierra de Liberia, Othello Brandy, dice que el 57.5 por ciento del territorio de la nación ha sido cedido a través de concesiones, por un total de 5.6 millones de hectáreas, de las cuales poco más de un millón de hectáreas eran tierra agrícola.
Alfred Brownell, un abogado que fundó la organización no gubernamental Green Advocates cree que al menos 120 compañías extranjeras han firmado contratos de concesiones en Liberia, un país del tamaño de Portugal que fue colonizado para liberar a los esclavos negros de los Estados Unidos.
“Durante los últimos seis años, ha sido una avalancha”, dice Brownell, y explica que Liberia, un país del África occidental que sufrió 15 años de guerra entre 1989 y 2003, carece de la experiencia necesaria para desarrollarse por sí misma.
“No hay capacidad de absorción en Liberia, ni capacitación, ni gente preparada”, afirma Brownell, “dependemos de los expertos extranjeros”.
El abogado defiende a las comunidades de Liberia que se han visto afectadas por las plantaciones de palma de aceite y advierte que “si volvemos a la guerra, será por la tierra”.
La ONU todavía mantiene una fuerza de mantenimiento de la paz en Liberia, y un panel de esta misión advirtió a principios de diciembre pasado sobre potenciales conflictos sobre la tierra. Este informe subraya “numerosos conflictos subyacentes así como violaciones de los derechos de los propietarios de la tierra”, y añade que “esto tiene el potencial de minar la paz y la seguridad en las zonas rurales periféricas”.
Pero la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, que ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2011, está siendo presionada para reconstruir la nación, “pero es como reparar un coche en movimiento”, señala Brandy, “es tremendamente difícil”.
En la mayoría de los casos, las concesiones de tierra son negociadas en la capital, Monrovia, lejos de las personas afectadas directamente.
El ministro de Interior, Blamoh Nelson, explicó que “el gobierno firma por un territorio en general, zonas de interés”, y después la compañía implicada va a la zona para reunirse con los grupos y líderes tradicionales, para delimitar los terrenos”.
Nelson reconoce que los jefes locales no siempre comprenden lo que firman”.
Un ejemplo de una concesión en Liberia de hace mucho tiempo es la que se firmó en 1926, con el fabricante de neumáticos estadounidense Firestone, que adquirió los derechos de medio millón de hectáreas cerca de Monrovia, pero al final no produjo ni una banda elástica.
Más recientemente, los diamantes, el oro y la madera reportaron verdaderas fortunas a los señores de la guerra liberianos, hasta que el ex presidente Charles Taylor fue derrocado en 2003, y la ONU impuso sanciones contra el comercio internacional de los “diamantes de sangre”.
Sirleaf anuló muchos acuerdos controvertidos pero también ha firmado otros nuevos sobre recursos agrícolas, forestales, minerales y de alta mar.
“Existe una falsa suposición sobre que el gobierno es el dueño de la tierra”, señala Brownell. Esa situación se da a menudo en África, el continente más codiciado ahora mismo por los inversores debido a sus vastos recursos.
Paul Mathieu, un especialista en derechos de tierra para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cree que el “80 % de los derechos de la tierra rural o no están documentados en absoluto o si lo están, es en términos vagos, porque los gobiernos se consideran a sí mismos los propietarios de la tierra”.
En Liberia, la agricultura representa el 61% de la producción económica total del país.
En el sur de Liberia, 220.000 hectáreas han sido cedidas durante 93 años al grupo indonesio Golden Veroleum, para producir aceite de palma, y de la cual viven ahora 200 familias.
Sirleaf, economista ex empleada en el Banco Mundial, ha aplicado una política que estuvo favorecida en el mundo entero por esa institución durante mucho tiempo, pero que después ha sido puesta en duda, la de promocionar los productos y cosechas de exportación, incluso cuando eso significa que debes importar alimentos.
Pero en 2009, la presidenta estableció una comisión dirigida por Brandy, encargada de definir los derechos de propiedad, que, si son adoptados en la ley, finalmente garantizarán los derechos de la tierra de las comunidades locales de todo el país. Brandy, que es profesor de agronomía, espera que ello ayude a garantizar la seguridad alimentaria.
Anne CHAON
(FarmLandGrab.org, 20-01-13)
