De acuerdo con la información proporcionada por Sipho Mabena, periodista del diario digital sudafricano The Citizen, autoridades de los Estados Unidos han desvelado que cuatro agentes de procedencia africana, contratados por la Oficina de Control de Activos Exteriores del Departamento del Tesoro del país norteamericano, mantenían contactos con el Estado Islámico (ISIS) y con su filial en Mozambique. Se trata de Farhad Hoomer y Siraaj Miller, dos ciudadanos sudafricanos, Abdella Hussein Abadigga, oriundo de Etiopía, y Charles Mbaga, de ascendencia tanzana y keniana. Los mencionados agentes fueron acusados de transferir fondos al Estado Islámico y de facilitarle medios extra mediante hurtos, secuestros, extorsiones y reclutamiento de nuevos combatientes en Sudáfrica. Una vez demostrada su culpabilidad han sido sancionados. Este suceso ha constituido un escándalo en un momento muy delicado, cuando uno de cada once soldados de las fuerzas enviadas por la Comunidad para el Desarrollo del África Austral a Cabo Delgado (Mozambique) para luchar contra los rebeldes islámicos es sudafricano.

Theodore Petrus, antropólogo y profesor de la Universidad del Estado Libre, ha afirmado que este caso demuestra como en Sudáfrica se combinan la falta de capacidad para imponer la ley y la corrupción, lo cual puede conducir al incremento de la criminalidad en el interior del país y a la llegada de grupos terroristas procedentes del extranjero.

Richard Chelin, analista independiente de seguridad, ha declarado que el sector financiero será clave en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, los terroristas buscan países con sistemas financieros eficientes, pero con escaso control sobre los clientes. Este el caso de Sudáfrica. De esta forma, Chelin propone realizar un mayor escrutinio de las cuentas del sector bancario e inversor, y especialmente un examen más concienzudo y meticuloso de los clientes antes de autorizar sus intervenciones. A ello añade la necesidad de una mejor aplicación de las normas internacionales para el sector financiero, así como de aprender de los errores cometidos hasta ahora para conocer qué se ha hecho mal y así poder mejorar el sistema.

Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a los mencionados agentes corruptos han consistido en la congelación de todas sus propiedades, incluyendo entidades y bienes muebles e inmuebles, y la prohibición de realizar negocios con los Estados Unidos. Igualmente, todos los ciudadanos estadounidenses y personas que residan en los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones que impliquen propiedades o intereses de esas cuatro personas, así como recibir fondos, bienes y/o servicios de dichos agentes sancionados o concedérselos. También se ha prohibido taxativamente que las instituciones financieras internacionales realicen deliberadamente transacciones con las personas sancionadas o con entidades asociadas a ellos.

Fuente: Sipho Mabena - The Citizen.

[Traducción y edición, Félix Núñez Ruiz]

[CIDAF - UCM]

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