Más que la corrupción local es la fuga ilegal de divisas lo que penaliza a África.
La eterna anemia del crecimiento de ciertos países africanos, confiere a los programas de ayuda al desarrollo aires de golpes de espada en el agua. A cada nueva campaña los organismos e instancias internacionales son prendidos por la misma duda: el dinero ¿va a llegarles a los que han sido destinados? ¿O será una vez más captado por las elites políticas y administrativas?
El riesgo es real. Las futuras conclusiones de la encuesta sobre los bienes mal adquiridos por los presidentes Sassou Ngueso y Obiang Nguema podrían atestiguar esto. Pero la imagen de un África, tonel de Danaides, que dilapida tanto sus propios recursos como los que se le concede es exagerada.
“Los países en vías de desarrollo pierden tres veces más en los paraísos fiscales que en ayudas que reciben”, se indigna Melanie Ward, portavoz de la campaña Comida Suficiente para todo el Mundo, una coalición de asociaciones caritativas que reclaman políticas alimentarias más justas. “La hemorragia ilícita de los recursos de África representan cerca de cuatro veces su deuda exterior”, constata todavía un informe conjunto de la Banca africana de Desarrollo (BAD) y de la ONG Integridad Financiera Global ( Global Financial Integrity).
Más allá de los problemas recurrentes de seguridad y corrupción, el continente ve su desarrollo frenado por la fuga de sus ingresos en los laberintos del mercado negro: entre 1980 y 2009 África ha perdido cerca de 1.400 mil millones de dólares en los flujos ilícitos cerca del equivalente de su producto interior bruto actual.
“La idea dominante ha sido siempre que el Occidente inyecte dinero en África, por el camino de la ayuda extranjera y los otros flujos de capitales del sector privado sin recibir gran cosa en retorno (…) pero África es el acreedor del resto del mundo desde hace decenios”, estima Raymond Baker, el Presidente de Global Financial Integrity.
Porque si de las estimaciones de GFI, la pequeña corrupción representa un 3% debido a los flujos ilícitos, la mayor parte de las facturas devueltas superan las fronteras en el cuadro del mercado internacional, que esto sea a través del tráfico de la droga (de 30 a 35%) o de las transacciones operadas por las multinacionales (del 60 al 65%). En comparación la retención operada por las administraciones locales es insignificante. Los subsidios que deberían aterrizar en las cajas del Estado terminan muy a menudo en los paraísos fiscales.
El perjuicio para las poblaciones es gigantesco: en 2007 un informe de la Banca Mundial y del despacho de Naciones Unidas contra la droga y el crimen estimaba que con 100 millones de dólares restituidos a un país en desarrollo, sería posible financiar “hasta 10 millones de mosquiteras impregnadas de insecticida, 100 millones de tratamientos curativos contra la malaria, el tratamiento primario contra el VHI para 600.000 personas durante un año y el empalme de 250.000 hogares al agua potable o de 240 kilómetros de carreteras asfaltadas de doble vía”.
En África por tanto la lucha contra la evasión fiscal esta raramente considerada como una prioridad. A falta, de las medidas tomadas por el G8 durante la reunión de Lough Erne en Irlanda de Norte, los avances en esta materia son todavía muy limitados. Es preciso decir que las relaciones entre ciertos dirigentes africanos y Suiza, Panamá u otros paraísos fiscales son tradicionalmente muy buenas.
Slate Africa
Editado y traducido para Fundacion Sur
