“No es serio hacer al ciudadano decidir si quiere segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer”. Lo declaraba María José Calasanz, coordinadora científica de CIMA Lab Diagnostics (CIMA: Centro de Investigación Médica Aplicada) de la Universidad de Navarra, en una entrevista publicada este domingo por un periódico local. La investigadora acaba de recibir de manos de la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, la Cruz de Carlos III el Noble por contribuir al progreso de la sociedad y proyectar internacionalmente a la Comunidad Foral. La elección de la vacunas la debieran tomar los especialistas en temas médicos, pero el dinero que las compra sale de las arcas del estado, haciendo imposible que no se mezclen vacunas y política. La Agencia Europea del Medicamento está aconsejando que reciban una segunda dosis de AstraZeneca quienes recibieron la primera de la misma, mientras que el Ministerio español de Sanidad (en línea con los de Francia y Alemania) presiona a favor de Pfizer para la segunda dosis. ¿Tiene algo (o mucho) que ver con que Bruselas haya llevado a la productora de AstraZeneca ante los tribunales por incumplimiento de contrato?
Si me ha llamado la atención este embrollo, es por otro embrollo que ha salido a la luz este mismo fin de semana durante la visita del presidente francés Macron a Sudáfrica. Ruanda, Sudáfrica e India, apoyados por un centenar de países, llevan meses presionando por una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. A largo plazo, pensando en otras pandemias que seguramente van a llegar, los argumentos aducidos son válidos, puesto que sólo cuando la mayoría de la población mundial esté vacunada se podrá decir que se ha vencido al virus. Pero, por ahora, en plena urgencia, liberar las patentes no serviría de nada porque son rarísimos los países no desarrollados con capacidad tecnológica suficiente para poner en marcha los laboratorios necesarios, especialmente si se trata de vacunas ARN. Tras haberse opuesto a esa iniciativa, Estados Unidos y Francia han cambiado de opinión. ¿Es también para contrarrestar la creciente influencia china gracias a sus envíos de material sanitario y vacunas a numerosos países africanos? “Se trata de solidaridad, de imperativo moral y de eficacia”, explicó Macron el viernes pasado, defendiendo la liberación de las patentes en presencia de Cyril Ramaphosa (Sudáfrica sí cuenta con laboratorios capaces), que había calificado la falta de vacunas en África como un “vaccine apartheid”. Pero ni Macron ni Ramaphosa mencionaron el que buena parta de las vacunas que ya habían llegado a África no estaban siendo administradas, ni siquiera en Sudáfrica.
Leo en un “reality check” de la BBC del 25 de mayo: “Malaui ha destruido casi 20.000 dosis de la vacuna AstraZeneca (AZ), mientras Sudáfrica ha anunciado que va a destruir 59.000 dosis”. Se trata de dosis que la Unión Africana envió en febrero con una fecha de caducidad del 13 de abril. Malaui fue incapaz de administrar todo lo recibido, debido en buena parte, según el virólogo malauí Gama Bandawe, a la desconfianza de la población. Los sudafricanos por su parte, dudando de que AZ pudiera combatir la variante sudafricana reenviaron las dosis a otros países africanos, entre ellos Nigeria. Lo hicieron demasiado tarde, a finales de marzo. Nigeria, incapaz de utilizarlas a tiempo, las envió a Togo y Ghana, que sí las administraron antes de su caducidad. La RD Congo informa que por falta de medios, de transporte principalmente, no podrá utilizar la mayor parte de los 1’7 millones de vacunas AZ recibidas a través de Covax (el programa para los países más pobres), que caducan el 24 de junio y que ha estado enviando a Ghana y Madagascar. Sudán del Sur, además de destruir parte de las vacunas recibidas de la UA, está devolviendo 72.000 dosis de AZ de las 132.000 recibidas a través de Covax. Entre los motivos, el retraso del parlamento en aprobar el uso de las vacunas y la dificultad para formar a los sanitarios que iban a administrarlas. Más allá de las declaraciones políticas de Macron y Ramaphosa, el problema urgente para el que muchos países africanos necesitan ayuda, no es el de las patentes, sino el del transporte y la adecuación de sus instituciones y unidades sanitarias.
El de las vacunas está siendo otro ejemplo más de los múltiples dilemas de toda ayuda. ¿Cómo combinar ayuda a corto y a largo plazo sin que la primera cree dependencia y la segunda no sea utilizada por los gobernantes en proyectos de fachada y postureo? Decenas de artículos se han publicado criticando la ayuda y sugiriendo cómo hacerla eficaz. “Es la pregunta de los 25 billones” titulaba The Economist en un artículo de junio de 2005. “La cualidad importa tanto o más que la cantidad”, se leía en otro de abril de 2007. “La ayuda extranjera hiere y no ayuda a África Subsahariana”, escribió Juliette Lyons en Le Journal International en octubre de 2014. En 2009 Dambisa Moyo, famosa economista zambiana que ha trabajado instituciones tan dispares como Golman Sachs y el Banco Mundial, publicó su “Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa” (Ayuda muerta: Por qué no funciona la ayuda y cómo hay una solución mejor para África). Valoraba la ayuda humanitaria de emergencia así como la ayuda concreta a instituciones específicas que trabajan sobre el terreno, pero criticaba la ayuda de gobierno a gobierno porque distorsiona la economía local y favorece la corrupción de los políticos. La idea fue retomada por el actual presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, cuando recién nombrado en 2017 declaró en Londres: “Los Africanos tienen que abandonar la ayuda y no ser los pedigüeños del mundo… Es evidente que el autobús de la ayuda no nos lleva a donde debiera”.
En 2015 la UA aprobó su “Agenda 2063”, que mencionaba explícitamente 15 “programas insignia”, entre los cuales una red de trenes de alta velocidad que conecte todas las capitales africanas y el desarrollo de una estrategia africana común para el uso de la tecnología espacial. Ningún programa atacaba prioritariamente los problemas de salud del continente. Así nos va con la pandemia de la covid-19. En 2021, frenados por sus propios problemas, los gobiernos occidentales han disminuido la ayuda oficial destinada a África. Aunque también han disminuido las remesas enviadas por los africanos desde Europa y América ($37.000 millones), éstas siguen siendo más importantes que la ayuda oficial y desde luego más eficaces y mejor aprovechadas. Macron y Ramaphosa harían bien en preguntarse por qué éstas sí funcionan, lo mismo que las ayudas específicas a proyectos concretos que menciona en su libro Dambisa Moyo. Seguro que encontrarían ideas para mejor luchar contra la actual y las futuras pandemias.
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
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