La ambiciosa agenda de reformas de Abiy Ahmed no puede tener éxito a menos que la oficina del Fiscal General sea despolitizada.
Más de un año después de su llegada al poder, el período de luna de miel del Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha llegado a su fin. Tras la respuesta relativamente enérgica del gobierno federal a un “golpe” fallido en el Estado Regional de Amhara, importantes medios de comunicación nacionales e internacionales y organismos de control han expresado su preocupación por la posibilidad de que se abandonen los viejos hábitos de detenciones masivas y cierres de Internet en Etiopía, de los que Abiy ha tratado con vehemencia de distanciarse.
Desde que asumió el poder en abril de 2018, el primer ministro reformista ha adoptado una serie de medidas de fomento de la confianza, entre las que se incluyen la liberación de miles de presos políticos, la facilitación del retorno de grupos políticos exiliados, algunos de ellos armados, y el inicio de reformas legales destinadas a facilitar e institucionalizar la transición hacia una administración democrática. También puso fin a la situación de “ni paz ni guerra” con Eritrea y contribuyó recientemente a la concertación de un acuerdo entre el Consejo Militar de Transición y las fuerzas de la oposición en el Sudán. Sin embargo, los últimos meses han puesto de relieve la complejidad de gobernar el segundo país más poblado de África, donde las divisiones étnicas tienen una gran importancia política. La euforia inicial que siguió al inesperado ascenso al poder de Abiy se transformó gradualmente en desconcierto e incluso pesimismo en algunos sectores. El Primer Ministro ha sido objeto de críticas, especialmente por el deterioro percibido de la situación de seguridad y las contiendas interétnicas, que contribuyeron en parte al aumento del número de desplazados internos.
Retrocesos crecientes para la agenda de reformas de Abiy
Tal vez el desafío más pertinaz al que se enfrenta Etiopía sea la escalada del nacionalismo étnico militante y del irredentismo regional en el contexto de una cultura política históricamente autoritaria carente de experiencias de diálogo y compromiso interétnico o incluso intraétnico. Los informes de ataques armados por parte de fuerzas que afirman estar asociadas con el Frente de Liberación Oromo; la excesiva tensión y una guerra de palabras entre funcionarios de los Estados Regionales de Amhara y Tigray; y las disputas sobre la gobernanza y la “propiedad” de Addis Abeba han agravado la ya desafiante transición incipiente tras décadas de autoritarismo. Las aspiraciones del grupo étnico Sidama de secesión interna para formar un nuevo estado regional, que se someterá a votación en un referéndum previsto para finales de año, han exacerbado aún más la tensa situación política y podrían empeorar potencialmente la volatilidad.
La intensidad de la situación ha enfrentado las demandas a corto plazo de las fuerzas del orden para asegurar la estabilidad política y la seguridad relativa contra el camino de paciencia estratégica de Abiy, como un compromiso necesario para alimentar una naciente democracia. Encontrándose entre la espada y la pared, el primer ministro parece cada vez más frustrado y más impaciente. Esto es visible en el rápido cambio de tono en su lenguaje. En un reciente discurso ante el Parlamento etíope, Abiy declaró que estaba dispuesto a enfrentarse a la anarquía y a los desafíos a la soberanía de Etiopía “no con una pluma, sino con un Kalashnikov”.
Quizás la manifestación más clara del peligroso nivel de militarización étnica y extremismo fue el asesinato de altos funcionarios del gobierno en el Estado Regional de Amhara, que el gobierno calificó de “golpe” regional fallido, y los asesinatos del jefe del ejército y de un general retirado en Addis Abeba. Tras estos sombríos incidentes, el gobierno ha supervisado la detención de cientos de personas, entre ellas destacados periodistas y políticos, y tiene previsto acusar a algunos de ellos en virtud de la famosa legislación antiterrorista. Abiy había recibido elogios por reconocer el terrorismo de Estado y prometer reformar la legislación antiterrorista. Por lo tanto, al recurrir a un arma legal tan desacreditada, el gobierno está creando la impresión de que su gobierno está escuchando las brutales formas del viejo régimen y está señalando el estancamiento o incluso la reversión de su agenda de transformación.
Junto con un bloqueo de Internet que duró días tras el fallido “golpe” y el cambio de retórica de Abiy, los arrestos han suscitado preocupación por posibles reveses en el programa de reforma. Tal vez lo más perjudicial, e independientemente de la veracidad de las afirmaciones, es que hay una narrativa de que el gobierno está utilizando la crisis como una oportunidad para debilitar a los periodistas, activistas y políticos prominentes que se considera que propagan el nacionalismo de línea dura de Amhara.
Adem K Abebe*
*El Dr. Adem K Abebe es asesor y comentarista sobre la Unión Africana, la gobernanza y la democracia en África.
Fuente: Al Jazeera
[Traducción y edición, A. Martínez Pradas]
[Fundación Sur]
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