Según informa Sibusiso Shange, del diario digital Times of Swaziland, el ministro del Servicio Público, Mabulala Maseko, ha acusado a los funcionarios de Esuatini de desobedecer las provisiones de la Ley de Relaciones y de las Ordenanzas Generales Permanentes del Gobierno, que prohíben la militancia de funcionarios de la Administración Pública en partidos políticos. Maseko ha señalado que dicha participación crea la imagen de que los funcionarios luchan contra el propio gobierno (sin mencionar, añadía también Maseko, el tiempo que pasan en mítines políticos en lugar de estar trabajando en sus puestos mientras siguen cobrando), restando credibilidad a sus funciones.

Por otra parte, Maseko ha sido acusado por crear la Asociación de Directores de Esuatini cuando ya existía la Asociación Nacional de Profesores de Suazilandia, con el objetivo de acabar con los sindicatos críticos con él y sustituirlos por otros afines, lo cual el ministro ha negado rotundamente. Asimismo, ante las acusaciones de externalizar servicios públicos, como los del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Maseko ha afirmado que lo ha hecho precisamente para mejorar el servicio prestado, lo cual redunda en beneficio de la Administración Pública.

A toda esta problemática con la burocracia de Esuatini habría que añadir el Ajuste sobre el Costo de Vida realizado por el gobierno, que afectó a los sueldos de los funcionarios, quienes convocaron movilizaciones de protesta ante la situación. A dicha coyuntura respondió Maseko declarando que los funcionarios no debían inmiscuirse en política, y mucho menos en protestas ilegales, como la convocada por parte del sector docente de escuelas e institutos, que fue finalmente prohibida.

En este sentido, Sikelela Dlamini, secretaria general de la ya mencionada Asociación Nacional de Profesores de Suazilandia, insiste en que en todo momento se siguieron las disposiciones de las Ordenanzas Generales Permanentes del Gobierno antes de convocar dicha manifestación, así como en la necesidad de esclarecer los motivos por los cuales se prohibió dicha manifestación, de la cual se había dado aviso más de una semana antes. Al mismo tiempo, Dlamini ha afirmado que no es congruente exigir la no participación de funcionarios en partidos políticos cuando lo que precisamente se defiende en una sociedad democrática es el respeto a los Derechos Humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión, y que no reconocer dichos derechos a los funcionarios les priva de su carácter de seres humanos.

Fuente: Sibusiso Shange - Times of Swaziland.

[Traducción y edición, Félix Núñez Ruiz]

[CIDAF - UCM]

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