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Inicio > REVISTA > Opinión >

El hacinamiento en las cárceles de Sudáfrica necesita una solución transversal
14/03/2017 -

A raíz de la decisión del Tribunal Superior, en diciembre de 2016, de ordenar al Departamento de Servicios Correccionales (DCS) que se ocupara de inmediato del hacinamiento "deplorable" en Pollsmoor Remand y de la posterior reorganización de reclusos condenados a otras provincias, el número de aquellos que esperan a juicio ha sido la más baja en los últimos cinco años. Aproximadamente al 174%. Es una victoria significativa para los detenidos de forma preventiva y digno de elogio, pero queda mucho por hacer.

El elemento menos mencionado pero más importante es que la orden judicial ordenó al gobierno sudafricano que elaborara un "plan integral" que incluyera plazos para hacer frente al exceso de hacinamiento en los reenvíos de Polismoor. Importante: esta orden fue dirigida al Gobierno, no al Departamento de Servicios Correccionales. Esta distinción es importante porque, como ha señalado el DCS, ellos están al final de una cadena penal muy larga, que va desde el Servicio de Policía de Sudáfrica, fiscales y tribunales, hasta que finalmente se lleva a los detenidos y presos a un sistema penitenciario saturado.

El Ministro de Justicia y Servicios Correccionales presentó dicho plan ante el tribunal a finales de febrero. Aunque trata de hacer frente a los efectos del hacinamiento, algo que en el LHR (Justicia de Género y Abogados por los Derechos Humanos de Sonke) apreciamos, no va lo suficientemente lejos, se queda corto en combatir las raíces del problema. Y a la hora de hablar de hacinamiento, muchas veces parece pasar la pelota a otros departamentos del gobierno o incluso a los presos. Por ejemplo, la mala ventilación es culpa de los presos que cierran las ventanas de las celdas. La falta de material de lectura se atribuye a "una pobre o inexistente cultura de lectura" entre los reclusos. Y la escasez de colchones o de oportunidades para hacer ejercicio, a la sobrepoblación.

Esto es preocupante, ya que muestra un fracaso para comprometerse críticamente con los problemas. ¿Hay pruebas de que haya una mala cultura de lectura entre los detenidos? ¿No podríamos hacerla mejor, más fuerte, si hubiera más libros disponibles? ¿Podrían los reclusos abrir las ventanas si tuvieran mantas que les mantuvieran calientes? Son varias las preguntas que nos hacemos desde LHR a las respuestas del plan del gobierno.

Simplemente, no basta con que DCS nos diga que los problemas son el resultado del hacinamiento, algo que ellos no pueden resolver, y luego se encojan de hombros. Lo que se necesita es una solución basada en los derechos humanos a la misma sobrepolación, no sólo a sus efectos. Mover a los presos sólo funcionará durante un tiempo antes de que el sistema vuelva a su estado anterior. Se necesitan líneas de razonamiento más largas de miras.

Por ejemplo, dos cosas conducen a una alta población de reclusos: el número de personas que son enviadas a prisión preventiva, es decir, el número de personas arrestadas y privadas de libertad bajo fianza, y cuánto tiempo cada una de ellas permanece detenida esperando a la resolución de su juicio. Aunque la mayoría de las veces ninguno de estos factores cae dentro de la esfera de poder del DCS, siguen siendo un punto de partida claro para abordar el hacinamiento: detenciones, fianzas y el proceso penal.

Los cambios en la legislación sobre libertad bajo fianza entre 1995 y 1998, que dieron al gobierno ese aire de "duros con el crimen", lo que consiguieron fue hacer mucho más difícil conseguir fianza a las personas acusadas de delito. Se hizo tan difícil, de hecho, que en el mismo periodo hubo un aumento del 138% de detenidos en prisión preventiva, haciendo que de 18.000 personas se pasara a 43.000, cifra que se ha mantenido desde entonces.

Jean Redpath, investigador de la Iniciativa de Reforma Penitenciaria de la Sociedad Civil, también ha desmotrado que más de la mitad de la población reclusa permanece en prisión preventiva durante más de tres meses, y casi el 20% permanece más de un año bajo custodia, en espera de su juicio. La evidencia sugiere que en 2012 sólo una de cada tres personas enviadas a prisión preventiva fueron finalmente condenadas. En otras palabras, un alto número de detenciones no se traduce en una alta tasa de condenas. Y los estudios han demostrado que son los encarcelamientos, no las detenciones o la duración de las penas, los que disuaden a los criminales.

Al igual que sus planes anteriores, la nueva estrategia del ministro para hacer frente a la sobrepoblación de Pollsmoor Remand no aborda ninguna de estas cuestiones. Esto no quiere decir que no celebremos los logros obtenidos, o que esperemos que el DCS resuelva estos problemas por sí solo. No puede. Una solución holística y creativa requiere consultas y compromisos significativos por parte de todos los miembros de la justicia, prevención de la delincuencia y seguridad: SAPS, el NPA, Justicia y Servicios Correccionales, así como el Tesoro Nacional. Es muy probable que también hagan falta enmiendas legislativas y políticas, nuevos objetivos e indicadores para la eficacia del SPAS y el NPA, y soluciones innovadoras, como la recientemente empleada por Ghana, en la que los tribunales de magistrados itinerantes se encuentran en prisiones y resuelven casos, por tiempo ya cumplido en prisión preventiva. O la vigilancia electrónica de los acusados por vez primera, como frecuentemente ha sugerido Nicro.

En resumen, hace falta un enfoque completamente nuevo para la privisión preventiva y, tal vez, para la justicia penal.

Sin embargo, el trabajo de iniciar el proceso recae en el DCS, porque es este departamento el responsable en última instancia del bienestar de los detenidos bajo su custodia.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento al Gobierno, encabezado por el ministro de Justicia y Servicios Correccionales, para que gobierne en una nueva dirección, hacia una nueva concepción de la prevención del delito y la rehabilitación.

El tiempo del cambio es ahora. No más soluciones provisionales, ministro.

Ariane Nevin

* Ariane Nevin es especialista nacional de prisiones en Sonke Gender Justice.

Fuente:MailGuardian

[Traducción y edición, Mario Villalba]

[Fundación Sur]


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