El centro para el Medioambiente y el Desarrollo de Camerún, CED, acaba de denunciar un convenio de establecimiento firmado en 17 de septiembre de 2009, entre SG Aceite sostenible Camerún PLC, SGSOC, una agro industria estadounidense y el gobierno de Camerún, para la puesta en marcha de una gran plantación industrial de palma para aceite y una refinería en el suroeste del país.
En un informe publicado el día 14 de febrero, esta ONG afirma que dicho convenio se llevó a cabo “de manera opaca y contraria a la ética”, que hace caso omiso de los derechos de las poblaciones autóctonas, que viola los compromisos internacionales del estado de Camerún y limita el poder del gobierno de este país.
El proyecto de la SGSOC, según indica CED, que obtuvo los derechos de arrendamiento por 99 años para 73.086 hectáreas de tierras en los departamentos de Ndian y de Koupe Manengouba, ha sido objeto de mucha controversia durante estos dos últimos años, entre las comunidades locales, los grupos de conservación del medioambiente y de ONG, que se oponen a los numerosos impactos negativos del plan medioambiental y social.
Destinada a producir 400.000 toneladas métricas de aceite de palma bruta, y 40.000 toneladas de aceite de palmito por año, su estudio de impacto medioambiental y social no contiene un plan de compensación, los programas que benefician a las poblaciones siguen siendo flojos y difícilmente podrán compensar, a largo plazo, las partes que han sufrido las comunidades por la falta de acceso al espacio y a sus recursos.
Para el CED, “La lógica de la concesión de tierras a empresas extranjeras para la producción de aceite de palma, destinada a la exportación se explica difícilmente, en un momento en el que la necesidad de mantener a los pequeños agricultores que producen alimentos para consumo local se hace cada vez más presente”.
“El hecho de que la SGSOC modificase, en secreto, los documentos del proyecto con el fin de impedir que el público y el gobierno cameruneses conocieran los verdaderos impactos de la plantación de palma es alarmante”.
El 8 de agosto de 2011, desvelado el informe, una ONG camerunesa, Struggle to Economize Future Environment, SEFE, presentó ante un tribunal civil un recurso para conseguir que se impusiera una moratoria a la plantación de la SGSOC.
El tribunal falló en favor de la ONG el 31 de agosto siguiente, ordenando la paralización del proyecto, con una multa de 500.000 francos FCFA por día de retraso.
El mismo tribunal ordenó, algunos días más tarde, el arresto de uno de los representantes de la SGSOC por no respetar la moratoria, antes de que el juez se retirase del caso, por razones no precisadas.
(Agence de Presse Africaine, 14-02-12)
