Al menos tres personas murieron durante una nueva jornada de protestas en Bujumbura contra la decisión del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, de aspirar a un tercer mandato en las elecciones generales de junio próximo.
Dos manifestantes perdieron la vida en los enfrentamientos contra la policía y uno más falleció en el hospital, dijo a la prensa el portavoz de la Cruz Roja, Alexis Manirakiza, quien aseguró que otros 45 ciudadanos quedaron heridos , muchos de ellos de gravedad.
Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional, Liboire Bakundukize, reveló que otros 15 agentes resultaron heridos al estallar una granada en el barrio de Musaga.
«Los manifestantes lanzaron una granada a los policías que enfrentaban las protestas y lesionaron a 15», señaló.
Según un informe de la agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la cifra de víctimas desde que comenzaron los disturbios, la pasada semana, asciende a nueve muertos y más de 60 heridos.
Aunque las anteriores demostraciones ocurrieron en unos algunos barrios, ahora se registraron en la mayoría de los de Bujumbura, donde los manifestantes llegaron al centro de esta capital en su intento por ocupar la Plaza de la Independencia.
Trascendió que en el sureño vecindario de Kinindo agentes del orden usaron munición real para dispersar a los congregados.
El pasado 25 de abril, Nkurunziza fue designado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD, partido de gobierno) para aspirar a una tercera legislatura.
Tal nombramiento provocó una ola de violentas protestas por parte de opositores que insisten en que la Constitución limita a dos el número de mandatos.
El CNDD-FDD argumenta que en el primer mandato la designación del jefe de Estado no fue mediante elecciones, sino por determinación de la Asamblea Nacional y por lo tanto no se debe tener en cuenta.
Entre los que se oponen a una tercera etapa de Nkurunziza, de la etnia hutu, se registran miembros de su formación política, parlamentarios, el clero, grupos de estudiantes y la sociedad civil.
Bajo este escenario, el Senado, en un intento por buscar amparo judicial, elevó una petición al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad de la determinación.
Los burundianos temen la repetición de anteriores conflictos. Más de 250 mil personas murieron en la guerra civil (de 1993 a 2005) entre los rebeldes hutus y el ejército, dominado por los tutsi.
Prensa Latina – (Fundación Sur)
