¿Tal para cual?, por Ramón Echeverría

El pasado sábado 5 de junio, los países miembros del G7 acordaron que las multinacionales cuyos beneficios superen el 10 % de sus ventas deberán pagar impuestos en los países en los que trabajan y no sólo allí donde está ubicada su sede financiera. Y que esos impuestos no serán inferiores al 15 % de los beneficios. Entre las grandes multinacionales se encuentra el “grupo GAFA” (Google, Apple, Facebook y Amazon). Aunque parezca extraño, representantes de Amazon, Facebook y Google reaccionaron inmediatamente de manera positiva, “porque esa medida, una vez aplicada contribuirá a la estabilidad de la economía y a reforzar la confianza de la gente en el sistema global de impuestos”. ¿Será que ese 15 %, bastante bajo, apenas si les afecta? Por si acaso Irlanda, en el que muchas de esas empresas pagan ahora sus impuestos (12’5 %), ya ha pedido que los países puedas seguir compitiendo por atraerlas. ¡Poderoso caballero es Don Dinero! Y no sólo en el mundo de las finanzas.

Dado que las sentencias de los jueces crean jurisprudencia y pueden influenciar el sentir ético de la ciudadanía, Demócratas y Republicanos estadounidenses luchan entre ellos para nombrar a los miembros de la Corte Suprema. Algo parecido ocurre en España desde hace varios años. Entre tanto, sin ningún mandato oficial, multinacionales como Facebook y Google están actuando como jueces en el terreno de las redes sociales, y éstas sí que influencian el comportamiento ético de la gente. Las GAFA lo hacen en parte presionadas por los gobiernos, que las responsabilizan del contenido de las redes. Es como si la empresa dueña de los cables de telefonía, ––se defienden las GAFA––, fuera responsable de lo que yo hablo por teléfono. Hay por ambas partes bastante hipocresía, porque también a las GAFA les conviene económicamente que se mantenga el sistema socioeconómico en el que ellas prosperan. Leo en el Houston Chronicler que mi cuenta de Facebook puede ser suspendida, entre otros motivos, si cuelgo en ella algo ilegal, si creo un segundo perfil con nombres falsos, si acoso, amenazo o discrimino o si doy datos de una persona sin su consentimiento. Todo parece de sentido común. Pero ¿qué derecho tiene un comité interno de Facebook a decidir qué es o no es “ilegal”? Muchos aplaudimos cuando Facebook suspendió definitivamente la cuenta de Donal Trump (suspensión reducida esta semana a los dos próximos años), pero aceptamos sin chistar que Facebook y Twitter prosperen gracias a una publicidad masiva que nos atosiga e hipnotiza, y que perpetúa en el mundo una visión extremadamente neoliberal de la cultura y de la economía. Al consentirlo, perdemos buena parte de la credibilidad que nos permitiría criticar la indebida interferencia de tantos gobiernos en internet y en las redes sociales.

En uno de sus “reality check” de enero de este año, la BBC mencionaba los países africanos que en 2019/2020 habían controlado internet y las redes sociales durante algún período de tiempo: Benín, Burundi, Chad, Eritrea, Etiopía, Gabón, Liberia, Malaui, Malí, Mauritania, Tanzania, Togo y Zimbabue. Etiopía lo hizo tras el asesinato en junio 2020 del activista de la etnia oromo, Hachalu Hundessa. Tanzania, durante las elecciones de octubre 2020. Uganda se añadió a esa lista en enero de 2021 bloqueando internet durante la campaña presidencial. Algunos gobiernos dicen haberlo hecho “para controlar las fakenews”. Según Mónica Mutsvangwa, ministro de la Información de Zimbabue, el control gubernamental es necesario “para asegurarse de que internet y las otras tecnologías se utilizan para el bien de toda la sociedad y no para poner en peligro la seguridad nacional”.

El último rifirrafe, ocurrido la semana pasada, lo han protagonizado Twitter y el presidente nigeriano Muhammadu Buhari. Según las autoridades, en estas últimas semanas se han dado en el Sudeste del país ataques de signo separatista a despachos electorales y comisarías de policía. El 1 de junio Buhari tuiteó: “Muchos de los que ahora se portan tan mal, son jóvenes que no son conscientes de la destrucción y pérdida de vidas que tuvieron lugar durante la guerra civil nigeriana. Los que lo sufrimos durante 30 meses, los que pasamos la guerra, los trataremos con un lenguaje que sí comprenderán”. Twitter borró ese mensaje y condenó al titular de la cuenta (Buhari) a no enviar tuits durante 12 horas, “por haber violado las reglas de Twitter”, según un portavoz de la empresa que no facilitó ningún otro detalle. Las redes entraron en ebullición. Algunos aprobaron la acción de Twitter, acusando al presidente de no haber utilizado ese mismo lenguaje duro para condenar las atrocidades de Boko Haram. Lai Mohammed, ministro de Información, declaró: “Puede que Twitter tenga sus reglas, pero no son La Regla Universal. Si al presidente le preocupa una situación, es libre de expresar su punto de vista”. El sábado 5 de junio, el gobierno suspendió indefinidamente las actividades de Twitter en el país, y el ministro de Justicia, Abubakar Malami, anunció medidas inmediatas contra los individuos o corporaciones que violaran la suspensión.