El alto tribunal de Pretoria ha dictaminado que la decisión del gobierno de Sudáfrica de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) era inconstitucional y, por lo tanto, inválida. El juez Phineas Mojapelo ha concluido que el presidente Jacob Zuma y sus ministros de Justicia y Asuntos Exteriores están obligados a retirar su notificación de salida de la CPI. El juez ya había advertido en la audiencia de diciembre pasado que las funciones del poder ejecutivo se podrían estar extralimitando con una decisión que serviría para eludir el control del Parlamento.
Toda esta problemática se originó con la orden de detención emitida por la CPI sobre el presidente sudanés Omar al-Bashir, acusado de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, que no fue arrestado en junio del año pasado, en una cumbre de la Unión Africana que tuvo lugar en Sudáfrica. El 21 de octubre, el ministro de Justicia Michael Masutha comunicó a varios periodistas que Sudáfrica había iniciado un proceso para desvincularse del Tratado de Roma, acuerdo que dio lugar a la CPI.
Fuente: Mail Guardian
[Traducción y edición, Mario Villalba]
[Fundación Sur]
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