Anunciado hace dos años por el gobierno conservador de Rishi Sunak y presentado como una medida emblemática de la lucha contra la inmigración ilegal, este proyecto pretende enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo, independientemente de su procedencia, tanto a los que hayan entrado ilegalmente en el Reino Unido, como a aquellos que cruzan el Canal de la Mancha en botes. Después de una batalla interminable entre la cámara alta, reacia a pronunciarse a este controvertido texto, y la cámara baja, se adoptó el proyecto de ley que permite la expulsión a Ruanda de inmigrantes. La Cámara de los Lores, donde los conservadores no tienen mayoría, retrasó la adopción final del texto enviándolo constantemente a la Cámara de los Comunes con enmiendas, que a su vez fueron rechazadas sistemáticamente por los diputados. Una maniobra dilatoria conocida como “ping pong parlamentario”.
Este proyecto de ley está respaldado por un nuevo tratado entre el gobierno de Sunak y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, que prevé el pago sustancial a Ruanda a cambio de acoger a los inmigrantes. El texto debatido el 22 de abril en el Parlamento pretendía responder a las conclusiones del Tribunal Supremo, que había declarado ilegal el proyecto inicial el pasado mes de noviembre. En particular, el nuevo texto busca definir a Ruanda como un tercer país seguro. Sin embargo, aunque Ruanda se presenta como uno de los países más estables del continente africano, el presidente Kagame está acusado de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
El gobierno ha dicho que este proyecto de ley impedirá que los solicitantes de asilo quieran venir al Reino Unido, aunque no está clara su efectividad. Tras alcanzar un récord en 2022 (45.000) y descender en 2023 (casi 30.000), el número de personas que cruzaron el Canal de la Mancha ilegalmente a bordo de canoas improvisadas ha aumentado más de un 20 % desde principios de este año en comparación con el año pasado. Se espera que el plan para deportar a los solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales huyen del conflicto, la pobreza y el clima cada vez más extremo, le cueste al país 540 millones de libras esterlinas solo en enviar a las primeras 300 personas a Ruanda. Sunak declaró que los vuelos de deportación a Ruanda comenzarían en 10 a 12 semanas. Los expertos en derechos humanos de la ONU han advertido que las compañías aéreas y las autoridades que participen en el proyecto podrían acabar siendo acusadas de complicidad en la violación del derecho internacional.
El proyecto de ley aprobado es duramente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, así como el líder de la Iglesia Anglicana. El mismo día en que se aprobó el proyecto de ley, el Consejo de Europa pidió al Reino Unido que reconsiderara sus planes debido a la preocupación de que la legislación debilita las protecciones de los derechos humanos y teme que dañe la cooperación internacional para abordar la crisis migratoria global.
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, informó en un comunicado:
“La nueva legislación marca un paso más lejos de la larga tradición del Reino Unido de brindar refugio a quienes lo necesitan, en violación de la Convención sobre Refugiados. Proteger a los refugiados requiere que todos los países –no sólo las zonas de crisis vecinas– cumplan con sus obligaciones”.
Autores: Danica Kirka
Fuentes: Jeune Afrique – AP News – Imagen: Regi51 – Wikipedia
[Traducción y edición, Micaela Llona Bavestrello]
[CIDAF-UCM]
