Tras la publicación del Informe Duclerc, en tanto que ruandeses de origen afectados por los dramas que enlutan la región de los Grandes Lagos en general y Ruanda en particular, hemos formado un grupo de reflexión con el único objetivo de compartir conocimientos y enseñanzas que esperábamos encontrar en ese informe. Impulsados por un deseo más bien comprensivo, no teníamos en principio ningún proyecto de reacción. No obstante, dada la gravedad de los hechos relatados y la lectura que de ellos hace, este informe no puede dejarnos indiferentes.
En primer lugar, saludamos la iniciativa tomada por el Presidente de la República francesa para poner en pie la comisión Duclert y nos alegramos por el hecho de poner a disposición documentos y archivos que ha posibilitado el trabajo de la comisión. Sin embargo, este trabajo, que se basa únicamente en los archivos franceses, está salpicado de fallos en cuanto a los hechos, en la presentación cronológica de los acontecimientos y también en el ámbito de la interpretación. Por ello, no serviría para “contribuir a la renovación de los análisis históricos sobre las causas del genocidio contra los tutsi” (pag.6), conforme a los objetivos asignados por el Presidente de la República a la comisión. Nuestra constatación es, más bien, que sirve para situar en el ostracismo a una parte de la población ruandesa, también víctima, y otorgar carta blanca a un régimen corresponsable de esta tragedia; régimen cuya violación de las libertades y derechos humanos ha llegado a su paroxismo. El hecho de que este informe sea bien acogido por el gobierno ruandés, que es uno de los principales protagonistas del drama ruandés, es un signo que no engaña.
En informe Duclerc viene a añadirse a un número ya importante de relatos que son difundidos sobre la historia de Ruanda por personas poco conocedoras de la realidad ruandesa o que han optado deliberadamente por ponerse al servicio del poder actual, cuyo discurso reproducen.
Interpelados por el contenido de este informe, deseamos en primer lugar atraer la atención sobre sus límites, esperando proponer próximamente un análisis más detallado. Tratamos así de rechazar la tergiversación de la historia ruandesa con fines políticos porque la tragedia ruandesa de la que se trata ha costado la vida a miles de ruandeses y sus consecuencias siguen pesando gravemente sobre la vida de los supervivientes.
El informe Duclert es parcial
El informe Duclerc no ha sido situado en perspectiva con conocimientos disponibles sobre el tema o con hechos hoy verificados o que han adquirido estatus de verdad judicial. Querer comprender y explicar el genocidio de los tutsi limitándose únicamente a los archivos franceses y descartando previamente la posibilidad de recurrir a otros archivos y a los conocimientos ya establecidos sobre este drama es una opción asumida, pero esta opción produce, naturalmente, análisis mutilados. En consecuencia, como subraya la ministra del Ejército (1). No puede ser considerado como definitivo sin “el estudio de los archivos extranjeros, americanos, belgas, ugandeses, británicos o ruandeses”, así como los de organismos internacionales como la ONU.
El informe Duclerc se focaliza en el periodo 1990-1994, aislando la guerra y el genocidio de acontecimientos anteriores y posteriores a esos cuatro años. Ahora bien, como lo recuerda Henri Lefebvre (2), “aislar un hecho es privarlo de explicación”. Además, el contexto geopolítico tanto regional como internacional es insuficientemente tomado en cuenta y el papel de la oposición política poco documentado.
Con relación al atentado del 6 de abril de 1994, que costó la vida a dos Jefes de Estado en ejercicio y que constituye un crimen de terrorismo internacional, la comisión parece minimizar su rol determinante, cuando la ONU, el Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR) y especialistas reconocidos de Ruanda y de la región lo consideran el elemento desencadenante del genocidio. Así, resulta cuando menos sorprendente que la comisión hable de disimulación por parte del presidente Habyarimana de “una parte del programa de eliminación de los tutsi de Ruanda” (pag.312), cuando el TPIR ha absuelto a las personas acusadas de entendimiento, anterior al 6 de abril, con vistas a planificar y ejecutar el genocidio (3). La tesis de entendimiento con vistas a cometer el genocidio antes de dicho atentado fue descartada con ocasión de los principales procesos organizado por el TPIR (4).
Es legítimo preguntarse si el tratamiento parcial de los hechos está ligado únicamente al periodo restringido adoptado y al examen de solo los archivos franceses, o si también es debido al desconocimiento por parte de los miembros de la comisión del contexto estudiado. De cualquier modo, el curriculum de todas las personalidades a quienes fue confiada la redacción de este informe muestra que ninguna de ellas es especialista en Ruanda. Ahora bien, el trabajo crítico de los miles de documentos consultados – trabajo que requiere, entre otras cosas, distancia, deconstrucción y contextualización – no puede hacerse sin acreditadas competencias sobre Ruanda y sobre la Región. El tratamiento de un contexto nuevo podría explicar algunas amalgamas, errores sobre hechos o sobre los nombres y funciones de los actores.
La lectura del informe Duclerc revela otro límite mucho más perjudicial que la ausencia de un dominio del tema tratado. Además de ser parcial, este informe es complaciente, parcial en cuanto políticamente orientado.
El informe Duclert es complaciente, parcial y políticamente orientado
La parcialidad, la complacencia y el carácter políticamente orientado de la comisión Leclert emanan ya de la voluntad de producir un documento que permita hacer la paz con un de los actores importantes de “esta empresa terrorífica de destrucción humana”, recogiendo las palabras del presidente francés (pag.5). Según el presidente de la comisión, este informe participará “en apaciguamiento de las memorias” (p.9). El hecho de que en el mismo momento Ruanda saque su propio informe sobre el mismo tema, informe del que el señor Duclert declara, incluso antes mismo de su publicación, no diferirá del suyo, ya que, según él, la verdad será única, lo dice todo. Ironías de la vida, las conclusiones del informe ruandés, segundo en su género, difieren del precedente (5).
El informe Duclerc parte de un prejuicio asumido y de una visión maniquea de la crisis ruandesa. Desde este punto de vista, los autores del informe caen en los defectos que aquellos que denuncian. Esta visión maniquea lleva a presentar a los protagonistas del conflicto en el lado de los buenos, a los que están en el lado del Frente patriótico ruandés (FPR) y a los otros en el campo de los malos. Al encarnizarse contra todos los que piensan de otro modo, los relatores parecen, en consecuencia, aquejados a su vez de ceguera.
En este sentido, los documentos desfavorables al FPR o, a la inversa, favorables al gobierno de la época, son sistemáticamente criticados e interpretados de manera discutible, incluso cuando los hechos evocados fueron verificados posteriormente. El silencio sobre los crímenes del FPR o su presentación atenuada, o incluso su justificación, debería cuestionar la imparcialidad de este informe. En el informe Duclert, los análisis realizados por altos cuadros militares o civiles (franceses u otros) que no van en línea con los prejuicios de los relatores son rechazados o presentados con reservas y calificados, a menudo, de “etnicistas”. Los crímenes del FPR son descritos como expediciones de castigo o como actos de « represalias contra los autores de las masacres, cuadros del MRND y de CDR claramente identificados » (pag.948). Incluso cuando la comisión reconoce que un documento fue producido con fines propagandísticos (953) le presta una atención sobredimensionada si emana de los medios próximos al FPR.
El prejuicio de la comisión en favor del régimen ruandés actual la lleva a omisiones y la expone a contradicciones. Evoquemos, a título ilustrativo, tres ejemplos:
Es sorprendente que el informe no mencione el estudio “Criminalité et Terrorisme au Rwanda”; estudio hecho el 30 de junio de 1993 por la Gendarmería ruandesa con la ayuda de DAMI (Destacamento de asistencia militar e instrucción). Este estudio documenta actos de terrorismo imputables al FPR hasta abril de 1993. Ahora bien, esos actos, que no tenían otra finalidad que la de crear inseguridad y hacer subir la tensión, contribuyeron a crear las condiciones que favorecieron la comisión del genocidio.
El informe habla del ataque del FPR el 8 de febrero de 1993. Pero no menciona en ningún lado que este ataque rompe al mismo tiempo la tregua o alto el fuego, mata a 40.000 hutu de las prefecturas de Byumba y Ruhengeri y arroja a un millón de personas, esto es al 1/7 de la población ruandesa, a los caminos del exilio interior (6).
En cuatro ocasiones (pags. 75, 76, 316 y 775), el informe menciona la cifra de 700.000 representando el número total de tutsi en la población ruandesa en los años 90. Sin embargo, aparece claramente que los relatores no realizan la aproximación con la cifra de 800.000 a 1.000.000 comúnmente admitida de ruandeses matados durante el genocidio. Habrían tratado y buscado saber lo que representan las 100.000 a 300.000 personas de más, que no pueden ser consideradas como tutsi. Y si dieran crédito a la cifra de 300.000 supervivientes tutsi censados por la comisión nacional de lucha contra el genocidio (CNLG), las personas no-tutsi asesinadas serían, entonces, entre 400.000 y 600.00.
¿Al buscar atenuar y perdonar los crímenes del FPR, los relatores, finalmente, no justifican lo injustificable por lo injustificable?
Encontrar, cueste lo que cuesta, la responsabilidad de Francia
Cuando hay que acusar a Francia, la comisión no se anda con chiquitas y no faltan calificativos bastante duros. Francia es abrumada a causa de sus responsabilidades políticas, institucionales, éticas y morales. Desafortunadamente, esas son las conclusiones que la opinión pública retiene, ya que para leer las 992 páginas (sin contar las notas) de un informe sobre Ruanda es necesario armarse de paciencia. No obstante, cuando uno hace el esfuerzo de leer atentamente esas páginas, no encuentra ningún hecho que permita inducir las consideraciones adelantadas ni sacar las conclusiones presentadas. ¿La comisión habría tenido acceso a otros elementos que no ha presentado en el informe? ¿Hacer responsable a Francia era lo que debía declararse para poder retomar las buenas relaciones con Ruanda? Si las conclusiones fueron redactadas antes de la producción del informe, la demostración parece fallida.
Estas conclusiones constituyen una buena ilustración del desfase perceptible entre los hechos relatados y la interpretación que se propone de ellos. Frente a la complejidad de los hechos y a la diversidad de los actores concurrentes y cambiantes, uno queda sorprendido por la simplicidad del análisis y por el carácter apresurado de las conclusiones.
Los relatores asumen un riesgo inconsiderado
Muy críticos – a menudo injustamente – con relación a otros análisis hechos y con iniciativas tomadas en la tormenta por, entre otros, diferentes cuadros civiles y militares franceses, los relatores de la comisión Duclert deberían haberlo hecho mejor, ya que se benefician de una distancia temporal de más de 25 años. En este sentido,
- 1) Reflexionaría dos veces antes de presentar el régimen ruandés como moral, cuando se ha hecho culpable de crímenes ampliamente documentados, algunos de los cuales “podrían ser calificados de crímenes de genocidio” (7). Declarar inocente a los autores de esos crímenes – cometidos antes, durante y después del genocidio – es hacer el ridículo ante un régimen que, él mismo, no niega sus propias fechorías, y es pisotear la memoria de cientos de miles de víctimas de ese sistema.
- 2) Considerarían que la crisis ruandesa es muy compleja y que no es posible reducirla a una presentación binaria. Podrían así interesarse en los actores clave de la guerra (los líderes del FPR), citados en el informe, que actualmente se han emancipado de este régimen. Algunos han sido perseguidos y asesinados en sus países de exilio (8); otros viven todavía (9) y son capaces de definir el verdadero retrato del este régimen.
- 3) Descubrirían que los mecanismos de acercamiento que están poniendo en pié (entre París y Kigali) pueden, mutatis mutandis, ser comparables a los instaurados en el pasado con el régimen de Juvénal Habyarimana; así invitarían a las autoridades francesas a ser prudentes en la normalización de las relaciones entre Francia y Ruanda.
- 4) Recordarían que las tomas de posición partidarias tienen repercusiones sobre millones de ruandeses, oprimidos diariamente por el régimen ruandés.
- 5) Se preguntarían si su trabajo contribuye a apaciguar las memorias o si, más bien, sirve a aliviar la conciencia de algunos.
- 6) Se abstendrían de recomendar a las autoridades francesas, en primer lugar al Presidente Macron, que presenten excusas a un régimen que, a semejanza del que ha sustituido, es responsable de las mayores violaciones del derecho humanitario internacional. Porque, recordémoslo, los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
Paris, 24 de mayo de 2021
Por el grupo de reflexión sobre el informe Duclert:
- NIWESE Maurice, lingüista – profesor e investigador / Francia (coordinador)
- BAKUNDAKWITA Charles, socio-economista / Francia
- KANANI Calixte, geógrafo / Suiza
- MPATSWENUMUGABO Théodore, economista / Bélgica
- NIYONSENGA Innocent, traductor – intérprete / Portugal
- NSENGIMANA Nkiko, politólogo – experto ante el TPIR / Suiza
- REMIE Wenceslas, jurista – derecho internacional / Suiza
- UFITEYEZU Joseph, jurista / Bélgica
Notas:
- [1] Lettre du 27/03/2021 de la Ministre des Armées (Réf. 240/ARM/CAB).
- [2] Lefebvre, Henri. 1971. Logique formelle et logique dialectique. Paris : Anthropos.
- [3] L’affaire Bagosora (TPIR-98-41-T) ; l’affaire Protais Zigiranyirazo (TPIR-2001-73-T) ; Lugan, Bernard. 2014. Rwanda. Un génocide en questions. Paris : Le Rocher ; Lugan, Bernard. 2020. Dix ans d’expertise devant le Tribunal Pénal International du Rwanda (TPIR). Paris : auto-édité.
- [4] Lugan, Bernard. 2014. Rwanda. Un génocide en questions. Paris : Le Rocher, p. 19-47.
- [5] Se trata del Rapport de la Commission Nationale Indépendante Chargée de Rassembler les Preuves montrant l’Implication de l’Etat Français dans le Génocide perpétré au Rwanda en 1994 du 15 novembre 2007, également appelé Rapport Mucyo.
- [6] Organisation de l’Unité Africaine (OUA), Rapport des experts sur le génocide au Rwanda. Rwanda, le génocide qu’on aurait pu stopper, Addis-Abeba, 7 juillet 2000.
- [7] https://www.ohchr.org/documents/countries/cd/drc_mapping_report_final_fr.pdf
- [8] Entre estos asesinatos, que el régimen reconoce y presenta como actos heroicos, figura el de Seth Sendashonga, antiguo ministro del Interior, asesinado en Nairobi (16 de mayo de 1998) y el de Patrick Karegeya, antiguo jefe del servicio de inteligencia en el exterior, muerto estrangulado en un hotel en Sudáfrica (1 de enero de 2014).
- [9] Pensamos en personalidades como Théogène Rudasingwa, actualmente refugiado en los EEUU, que es citado seis veces en el informe; recordemos que secretario general del FPR (1993-1996), embajador de Ruanda en Washington (1996-1999) y jefe del gabinete del Presidente de la República ruandesa (2000-2004).
[Fundación Sur]
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