La Comisión para la Igualdad de Género (CGE en sus siglas en inglés) de Sudáfrica ha pedido a las autoridades que investiguen la conducta profesional de las enfermeras y los médicos después de su investigación sobre la esterilización forzada de mujeres en hospitales públicos en KwaZulu-Natal y Gauteng.
La comisión publicó un informe sobre las quejas de 48 mujeres que alegaron que sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos, fueron violados cuando fueron coaccionadas a someterse a una esterilización forzada en hospitales públicos.
La esterilización forzada ocurre cuando un individuo es esterilizado sin su conocimiento, forzado a dar su consentimiento o se obtiene el consentimiento en base a información falsa o incompleta.
Las mujeres presentaron sus quejas ante la comisión a través del Centro Legal de Mujeres en 2015.
Como parte de su investigación, la comisión obtuvo declaraciones juradas de los denunciantes y también realizó inspecciones conjuntas in situ en varios hospitales.
ÉSTAS se llevaron a cabo en cinco hospitales en Gauteng y 10 hospitales en KwaZulu-Natal, incluidos los hospitales Prince Mshiyeni, Addington, Stanger y Albert Luthuli.
Según el informe, todas las denunciantes eran mujeres negras embarazadas, la mayoría de las cuales eran VIH positivas y buscaban asistencia médica.
Los demandantes alegaron que, justo antes de dar a luz, fueron obligados a firmar formularios que luego supieron que eran formularios de consentimiento que supuestamente permitían que el hospital las esterilizara.
“Además, todas las mujeres que presuntamente fueron sometidas a este proceso de esterilización dieron a luz a través de una cesárea.
«Como se indica en las declaraciones de las mujeres, la mayoría fueron humilladas y / o amenazadas por el personal médico que les informó que no serían atendidas si no firmaban los formularios», se lee en el informe.
«Además, hay quienes declararon que debido al dolor extremo en el que se encontraban, no entendían el contenido y las consecuencias de los formularios que firmaban».
La investigación también reveló que la mayoría de los denunciantes habían estado sufriendo de depresión desde que supieron que nunca podrían volver a concebir.
«La mayoría de estas quejas son de mujeres de KwaZulu-Natal, y varias de ellas declararon que sus parejas las habían abandonado debido a su incapacidad para concebir», se lee en el informe.
En un ejemplo, una mujer que estaba embarazada de siete meses fue al Hospital Addington el 14 de octubre de 2001 para recibir atención prenatal.
Debido a la presión arterial alta, fue ingresada para un procedimiento de cesárea.
“Ella alega que una enfermera le dio formularios para informarle que necesitaba firmar los formularios para la cesárea. Por lo tanto, firmó los formularios que se le presentaron bajo la impresión de que eran para el procedimiento de cesárea.
«Dio a luz a través de una cesárea y supuestamente fue esterilizada sin su conocimiento», decía el informe.
Después de que su herida por cesárea se infectara, la trasladaron a otro hospital donde permaneció durante dos meses y medio, y nunca le dijeron qué le había sucedido exactamente y por qué su herida tardaba tanto en sanar.
Después de unos años, fue a un médico privado cuando notó que no podía concebir.
En el examen, los resultados revelaron que había sido esterilizada.
Ella dijo que su pareja la había dejado y ahora tenía hijos con otra mujer.
La comisión encontró que un formulario firmado no equivalía al consentimiento informado y recomendó que se discutieran todas las demás opciones.
La comisión también recomendó que el Departamento de Salud nacional (NDoH) deba hacer un requisito de política que, cuando un paciente acepta la esterilización, se le debe dar un período de » reflexión » para poder apreciar plenamente los riesgos y las consecuencias del procedimiento.
También pidió al departamento que le informara dentro de tres meses, para describir qué pasos tomaría para asegurar la erradicación de la práctica nociva de la esterilización forzada.
La comisión remitió el informe y sus hallazgos al Consejo de Enfermería de Sudáfrica para investigar la conducta profesional y el comportamiento de los profesionales de la salud implicados.
La Presidenta de CGE, Tamara Mathebula, dijo que el NDoH necesitaba facilitar un diálogo entre ellos y los reclamantes para encontrar formas de proporcionar reparación a los reclamantes.
El portavoz del departamento, el Dr. Lwazi Manzi, declaró que el ministro de Salud, Dr. Zweli Mkhize, había tomado nota de los informes de los medios sobre el informe de investigación y había pedido una copia completa y una reunión urgente con la comisión para discutir a fondo su contenido.
Fuente: IOL
[Fundación Sur]
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