“State capture” (“captura del Estado”) es una triste y expresiva expresión que utilizan a menudo los tribunales sudafricanos que están juzgando al expresidente Jacob Zuma. El 29 de junio, el Tribunal Constitucional condenó a Zuma, que había renunciado en 2018 a la presidencia del país tras años implicado en varios casos de corrupción, a 15 meses de cárcel por negarse a declarar ante los jueces que investigan las tramas de corrupción, la “captura del estado”, en Sudáfrica. El 6 de septiembre, Jacob Zuma, hospitalizado desde el 6 de agosto, quedó en libertad condicional por motivos de salud. El jueves 16 de septiembre, Raymon Zondo, ayudante del fiscal general ha pedido que se extienda hasta diciembre la fecha límite (ya se había extendido hasta septiembre) para que la Comisión sobre la Captura del Estado presente su informe. Y el viernes pasado, el Tribunal Constitucional ha fallado por mayoría contra la petición de Zuma de que, por motivos de edad (79 años), problemas de salud y peligros de la pandemia de la covid-19, se revocara su 
condena por desacato. El Tribunal ha ordenado además que el expresidente se haga cargo de los gastos del proceso.
Coincidiendo en el tiempo con esos procesos judiciales, el 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia. Y como si se tratara de un virus (que seguramente lo es), “Captura del Estado” se mutó en “Captura de la Democracia” con la publicación por parte del “Ghana Center for Democratic Development” (CDD-Ghana) y el “Democracy in Africa” (DIA) de sendos informes sobre la captura de los sistemas políticos supuestamente democráticos por parte de redes privadas, que buscan su interés en detrimento del interés público. Su lectura es descorazonadora.
Según CDD-Ghana (“Democracy Capture in Africa”, https://cddgh.org/), hasta tal punto el actual presidente beninés Patrice Talon se ha aprovechado a lo largo de su carrera de la debilidad del sistema legal, que el país da la impresión de estar gobernado por un único partido. Lo que explica el que, según Forbes, Talon, elegido en 2016 y reelegido en 2021 fuera ya en 2015 la 15ª fortuna de África. El informe menciona también a algunos jueces nigerianos millonarios que han amasado su fortuna dejándose sobornar por líderes políticos y organizaciones criminales. En Mozambique, funcionarios electorales, policías, jueces y periodistas se unen para impedir que la oposición pueda llevar a cabo campañas electorales dignas de ese nombre. En el mismo Ghana, uno de los países más democráticos de África, se observa cómo está surgiendo, gracias a sus conexiones con los engranajes del Estado, una clase de privilegiados superricos que incluye a políticos y a sus compinches, tanto del partido en el gobierno como de los de la oposición.
El informe de DIA (“The Shadow State in Africa» documenta cómo en Uganda la familia del presidente, la aristocracia militar, y empresarios y negociantes que han contribuido a las campañas electorales de Museveni, se han apropiado de cientos de millones de dólares que hubieran debido llenar las arcas de la Tesorería nacional. En Zimbabue, en donde a veces uno se pregunta quién gobierna, si los militares o el presidente Emmerson Mnangagwa, algunas empresas bien conectadas han llegado a crear artificialmente escasez de combustible y subidas de precios. Y como en otros países, jueces y funcionarios han impedido las actividades de la oposición. También en Zambia se han compinchado políticos, funcionarios y empresarios, aunque DIA hace notar que en general las fuerzas de seguridad han quedado fuera de esas alianzas. Y en la República Democrática del Congo (RDC), las alianzas militares internacionales del presidente Joseph Kabila contribuyeron a que se crearan fuertes redes de contrabando transnacional. Siempre en la RDC, DIA menciona los peajes que la policía militar ha instalado por su cuenta en las proximidades de las minas, tanto las oficiales como las informales.
Kwai Prempeh, director ejecutivo de CDD-Ghana, afirma que el futuro de la democracia en África dependerá de la capacidad para revertir la imagen desoladora que aparece en los informes. Pero la pregunta del millón es el “cómo”. La corrupción en detrimento de la democracia no es un problema exclusivamente africano, aunque sí abunda en África. Leyendo los informes de CDD-Ghana y DIA se observa también que, aunque emerjan algunos trazos comunes, el deterioro democrático varía según los países en función de la estructura operativa de la corrupción (¿Activa en todas las capas de la sociedad? ¿Sólo en las élites?); los probables aspectos internacionales de la misma (¿Exportar materiales raros? ¿Controlar las importaciones?); la fuerza o la debilidad moral de sus dirigentes (Cyril Ramaphosa no es Joseph Kabila, ni Nana Kufo Addo es Patrice Talon); la historia del país (En la RDC un régimen cleptócrata sucedió a la dictadura colonial); y la idiosincrasia de sus pueblos (las exigencias morales parecen cambiar cuando se emigra del poblado tradicional a la ciudad multitribal). Lo que hace que cuando la actividad de los poderes en la sombra se hace sistémica resulte muy difícil delimitarlos y combatirlos. Lo revela estos días el caso de Argelia.
Ya en 2016, Mohammed Hachemaoui publicó en Politique Africaine un artículo de 20 páginas, «Qui gouverne (réellement) l’Algérie?». Este sábado ha muerto, a los 84 años, Abdelaziz Bouteflika, del grupo de políticos que condujeron Argelia a la independencia. Fue Presidente entre 1999 y 2019, cuando las manifestaciones del Hirak le obligaron a dimitir. Uno de los motivos del Hirak ha sido el convencimiento popular de que “el sistema”, “el poder”, en el que se asocian políticos, jefes militares, fuerzas de seguridad y hombres de negocios, se apropia de las riquezas del país dejando al pueblo en la miseria. En estos dos últimos años algunos miembros del “poder” han sido encarcelados acusados de corrupción (entre ellos un hermano de Bouteflika), ha habido cambios en la jerarquía militar y en los mandos de las fuerzas de seguridad y Abdelmajid Tebboune es desde diciembre 2019 presidente de Argelia y ministro de defensa. Pero continúan las manifestaciones del Hirak, porque, aunque hayan cambiado las personas, “el sistema”, el poder en la sombra sigue controlando el Estado, el proceso democrático y las riquezas del país.
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
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