El pánico se ha apoderado de la clase política de Kenia cuando se ha hecho pública la noticia de que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha presentado un sobre que contiene la lista de los sospechosos de perpetrar crímenes en la violencia poselectoral de Kenia, ante el Tribunal Penal Internacional. La lista está en poder ahora del fiscal del ICC, Luis Moreno O’Campo.
El presidente Mwai Kibaki convocó una reunión urgente con el primer ministro y el equipo de mediación, en la cámara del gobierno, el día 9 de julio. El ministro de Territorio, James Orengo, que se estaba dirigiendo a la prensa desde su oficina, tuvo que salir corriendo a la reunión. Orengo fue parte del equipo de mediación que estuvo de acuerdo con los términos del acuerdo que terminó con la violencia postelectoral.
Annan informó al presidente de Kenia y a su primer ministro, mediante una carta, que el panel de personas eminentes africanas había presentado los nombres de los sospechosos ante el ICC.
Su decisión se produjo poco después de que una delegación de Kenia viajase a la sede del Tribunal Internacional para pedir una ampliación de la fecha límite para establecer un tribunal nacional que juzgase a los sospechosos, de haber causado y perpetrado, la violencia que asoló Kenia, después de las elecciones de 2007. La comisión Waki [establecida en febrero de 2008, para investigar la violencia postelectoral de Kenia] recomendó la formación de un tribunal para juzgar a los sospechosos, pero los líderes de Kenia han eludido con lentitud este tema. El año pasado, dos proyectos de ley para reformar la constitución y establecer el tribunal fueron abatidos por el parlamento.
Más de 1.200 personas perdieron la vida en la violencia postelectoral que sufrió Kenia, tras las elecciones generales de diciembre de 2007. Más de 350.000 personas fueron desplazadas. Aunque muchos han sido reasentados, hay más de 30.000 personas que todavía viven en destartaladas tiendas en campos de desplazados internos.
(AfricaNews, 10-07-09)