En diciembre está previsto el inicio del traslado de las instituciones del gobierno egipcio a la nueva capital situada a sesenta kilómetros al este de El Cairo. El proyecto de la nueva capital administrativa de Egipto tiene como objetivo descongestionar El Cairo.

A pesar de la buena acogida que tuvo por los medios de comunicación favorables al régimen de Al-Sissi, hay otras voces que consideran que el traslado se enfrenta a algunos obstáculos que el gobierno debe tener en cuenta.

Uno de dichos obstáculos es el de la representación diplomática de los países en la nueva capital administrativa. Se espera que se construyan cincuenta embajadas en el distrito diplomático de la capital para mediados de 2022. Sin embargo, según fuentes diplomáticas extranjeras, Egipto ha estado confirmando con los países que quieren trasladar su embajada a la nueva capital pidiendo entre el 20 y el 25 % del precio total de la propiedad que reciban. Solo cinco son las embajadas que se están trasladando y no ha logrado firmar muchos más contratos. Además de las razones económicas para no trasladar su embajada, los países extranjeros consideran que no tienen la garantía de que haya viajes diarios de ida y de vuelta para que haya ciudadanos que quieran vivir en la nueva capital.

Un segundo obstáculo es la construcción de una red de ferrocarril que conecte la nueva capital administrativa con otros puntos importantes del país. En 2015 se lanzó un proyecto para construir un monorraíl y un tren eléctrico exprés para facilitar el desplazamiento de los empleados y los ciudadanos. Aún no hay fecha fija para dicha construcción.

Por otro lado, un tercer obstáculo es el que explica Diaa el-Din Daoud, miembro de la Comisión Legislativa del Parlamento: la nueva capital administrativa es inconstitucional, especialmente el traslado de organismos estatales como el Parlamento y el Tribunal Constitucional ya que el artículo 114 y el 191 de la Constitución egipcia establecen que la sede de la Cámara de Representantes y del Tribunal Constitucional Supremo se encuentran en El Cairo. Habría que hacer una reforma de la Constitución para cambiar dichos aspectos al igual que hacer cambios en el artículo 222 que asienta la capital de la República Árabe en El Cairo. Según Diaa el-Din Daoud una solución para no tener que reformar la Constitucional es extender el ámbito geográfico de la gobernación de El Cairo.

Fuente: AL Monitor

[Traducción y edición, María Torondel Lara]

[CIDAF-UCM]

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