Las fuerzas de seguridad de Kenia han torturado a docenas de hombres y violado a docenas de mujeres en una operación contra la población principalmente somalí de la remota zona del noreste de Kenia, para desarmar a las milicias, según ha denunciado un grupo de derechos humanos.
Las acusaciones realizadas por Human Right Watch, de brutalidad cometida durante la operación a finales de 2008 se añaden a una larga lista de acusaciones similares contra el ejército y la policía de Kenia, durante los últimos años, por aterrorizar y matar durante las operaciones de seguridad.
“No es una cuestión de unas pocas manzanas podridas que desobedecen las órdenes”, asegura Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, “estas operaciones son el resultado de una estrategia ideada por los altos oficiales para utilizar la fuerza brutal contra los keniatas”.
Haciéndose eco de las recientes recomendaciones de un informe de Naciones Unidas, sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Kenia, Roth pidió la destitución del comisario de la policía del país y del fiscal general.
No se ha producido una respuesta inmediata por parte de las autoridades de Kenia al nuevo informe publicado por HRW, aunque las fuerzas de seguridad y el portavoz del gobierno rutinariamente niegan las acusaciones de abusos. Aseguran que los grupos de derechos humanos se tragan la versión de algunos activistas, motivada políticamente.
Aplastamiento de genitales
HRW asegura que en octubre de 2008 una operación lanzada para desarmar a las milicias enfrentadas en la región de Mandera, una zona notoriamente violenta en la que coinciden las fronteras entre Somalia, Kenia y Etiopía, dejó más de 1.200 heridos, un muerto y al menos 12 mujeres violadas.
“El objetivo del ejército de Kenia y la policía eran 10 ciudades y poblados, en los que rodearon a la población, pegando y torturando a los hombres residentes en masa, y dándose el gusto de llevar a cabo saqueos y destrucción generalizada”, calificándolo de “ataque deliberado y brutal”, sobre los locales.
También cometieron constantes apaleamientos, “a algunos hombres les aplastaron los genitales con tenazas, se los ataron con alambres o se los golpearon con garrotes, como métodos de tortura”, añade el informe.
En algunas comunidades, los ancianos se comprometieron con los comandantes militares y policiales a ceder y negociaron la liberación de sus hombres a cambio de entregar sus carnets de identidad y armas en unos días. Algunos, fueron a comprar armas a Somalia para entregárselas a las fuerzas de seguridad de Kenia después.
Cuando la operación se estaba llevando a cabo, la policía y el ejército insistían en que estaban limpiando una región infestada de armas por el bien de la población. Decenas de personas mueren cada año en los enfrentamientos entre clanes y los ataques desde el otro lado de la frontera, principalmente por la escasez de recursos en la árida región que ha sufrido repetidamente fuertes sequías.
Investigaciones independientes
El informe de HRW se publica cuando las fuerzas de seguridad de Kenia se enfrentan a una descarga de acusaciones por sus tácticas de represión contra los rebeldes en la región del Monte Elgon, al reprimir la ilegalizada banda de Mungiki, y por disparar a los manifestantes que protestaban tras las últimas elecciones presidenciales.
Grupo de derechos locales y extranjeros aseguran que cientos de muertes innecesarias con muestras de torturas y destrucción.
“Kenia necesita dejar absolutamente claro a las fuerzas de seguridad que serán responsabilizados por los graves abusos que han cometido”, declaró Roth, “el camino correcto para empezar es llevar a cabo investigaciones independientes sobre estas agresiones brutales, en Mandera y destituir al comisario de policía y al fiscal general del estado”.
Ambos cargos han recibido peticiones previas para que dimitan, y el presidente Mwai Kibaki parece poco dispuesto a destituirles, a pesar del daño que han causado a la reputación internacional de Kenia, por todas las acusaciones vertidas contra las fuerzas de seguridad.
(News24, 29-06-09)
