La próxima semana se va a celebrar una reunión de los donantes internacionales en Dakar, capital de Senegal, que han prometido reunir millones de dólares, para financiar el proceso judicial del ex dictador de Chad, Hissene Habre, según han anunciado varios organismos de derechos humanos y ONG.
Diez años después de que Habre fuera acusado en Senegal por asesinatos y torturas masivas, su caso todavía no ha sido llevado a juicio y se espera que la reunión del 24 de noviembre, termine con este callejón sin salida y logre que las instituciones de Senegal comiencen con los procedimientos previos al juicio.
Un comunicado de prensa emitido por parte de las organizaciones de derechos humanos dice que la reunión será un “punto de inflexión en la larga campaña para llevar al ex dictador de Chad ante la justicia”.
“Después de tantos años de tenacidad y decepciones, las víctimas de Hissene Habre pueden ver la luz al final del túnel”, señaló Reed Brody, consejero de Human Right Watch, que trabaja para las víctimas.
El caso establecerá un precedente histórico para África, que se resiste a juzgar a sus propios líderes en tribunales internacionales.
Se espera que la reunión resulte con el compromiso de juntar los 11.7 millones de dólares de presupuesto presentado, por parte de la Unión Africana y la Unión Europea, según el comunicado.
Hissene Habre, antiguo señor de la guerra, llegó al poder en 1982, respaldado por Estados Unidos y Francia, que querían combatir a su “bestia negra”, Muamar Gadafi, para que se anexionase el norte de Chad y ampliara su influencia en la región.
Habre, apodado el “Pinochet de África”, huyó a Senegal después de ser derrocado en 1990, tras un reino en el que, según la comisión de la verdad celebrada en 1992, supervisó hasta 40.000 asesinatos políticos y a menudo horribles torturas.
Después de ser acusado por primera vez en enero de 2000, el caso de Habré fue desechado después por Senegal, alegando que no tenía jurisdicción universal. Pero después de que la Unión Africana ordenase a Senegal juzgarle, el país, en 2008, cambió su código penal, para incluir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
La insistencia de Senegal en la financiación internacional completa, de 27 millones de euros, según su presupuesto, ha paralizado el caso durante años, según el comunicado.
(News 24, 17-11-10)
