El gobierno y la oposición de Burundi se dieron, ayer lunes, ambos por «satisfechos» con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, cada uno haciendo una lectura muy diferente de la resolución.
«Tenemos un texto bastante justo y bastante favorable», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Alain-Aimé Nyamitwe «gratamente sorprendido» por una resolución «más equilibrada que el texto alarmista puesto sobre la mesa por Francia». En nombre de Cnared, la coalición de la oposición al tercer mandato del presidente Pierre Nkurunziza, origen de la crisis, Jeremías Minani declaró, a su vez, que estaba «sorprendido por la reacción del régimen de Bujumbura que probablemente no ha entendido esta resolución que amenaza con sanciones y con el envío de los “Cascos Azules”.
La resolución, en términos vagos, pide a la ONU reforzar su «presencia» en Burundi, mediante el envío de un equipo de expertos y la preparación de las dos semanas de «opciones», que podrían incluir el despliegue de “fuerzas de paz” sin que se mencione específicamente el término. Sin mencionar explícitamente las sanciones, el texto habla de posibles «nuevas medidas» contra los que incitan a la violencia y obstaculizan la paz, y pide al gobierno que dialogue con todos los interlocutores «pacíficos», ya sea en el interior o en el exterior del país.
El proyecto inicial hablaba de «sanciones contra las autoridades, blandiendo la amenaza de la Corte Penal Internacional (CPI)», explicó. «Estamos muy lejos del texto final que habla de medidas suplementarias que no están especificadas y no se habla del CPI». Presionado por la comunidad internacional para dialogar con sus opositores, el gobierno de Burundi se niega a que este «diálogo» tenga lugar fuera de Burundi como reclaman los “anti-tercer mandato” hoy esencialmente en el exilio.
AFP
Fundación Sur
