Naciones Unidas ha bajado el tono del informe que detallaba cientos de espantosos ataques contra la población civil en la República Democrática del Congo, RDC, durante un periodo de 10 años, pero ha dejado intacta la sugerencia de que el ejército de Ruanda podría haber cometido genocidio en este país, en la década de los 90.
Ruanda y su vecino del norte, Uganda, habían protestado por el borrador del informe filtrado el mes pasado, amenazando con retirar sus soldados de las misiones de paz de la ONU, a menos que estas acusaciones fueran retiradas de la versión final del informe.
El informe final, obtenido el jueves 30 de septiembre por Associated Press, muestra que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reescrito algunas secciones sensibles del documento de 545 páginas, para adaptarlas a un lenguaje menos inflamatorio.
Por ejemplo, una referencia anterior a “elementos irrefutables” que podría haber sido utilizada en un tribunal para concluir que hubo genocidio, ha sido cambiada por “elementos inculpatorios”.
Comparado con el anterior borrador, otra sección se esmera en explicar ampliamente una serie de “factores de contrapeso” que podrían ser utilizados para argumentar que tales crímenes no tuvieron lugar.
Una sección del borrador que desestimaba los argumentos atenuantes, ha sido retirada entera.
“Defectuoso y peligroso”
A pesar de las acusaciones, la ministra de Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, declaró el día antes de la publicación que el documento es “defectuoso y peligroso de principio a fin”.
Mushikiwabo afirmó que el informe ha sido manipulado por “organizaciones e individuos” que buscan reescribir la historia de Ruanda.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, un aliado de los Estados Unidos, ha afirmado durante mucho tiempo que es la autoridad moral que puso fin al genocidio de Ruanda de 1994, durante el cual, más demedio millón de personas, la mayoría tutsi, aunque también hutus moderados, fueron asesinados.
Pero el informe de la ONU pone en duda las afirmaciones de Ruanda sobre que sólo estaba persiguiendo a los responsables del genocidio de 1994, cuando envió sus tropas al este de la RDC, cruzando la frontera con el país vecino, en 1996.
Mushikiwabo dice que el informe, que ha costado unos 3 millones de dólares y que detalla más de 600 incidentes entre 1993 y 2003, en los que decenas de miles de personas, la mayoría niños y mujeres, fueron asesinados, ha ignorado la situación histórica y se basa en fuentes cuestionables para su gobierno.
Los funcionarios de Uganda también han rechazado el informe. Un portavoz del ejército de Uganda, que estuvo implicado en varios conflictos en la zona del este de la RDC, en los años 90, ha calificado el informe de “basura”.
“parcial”
“No lo hemos tomado amablemente”, afirmó el teniente coronel Felix Kulayigye, “no nos han preguntado sobre estas acusaciones. No han contemplado nuestra versión de la historia”.
El ministro de Exteriores de Uganda, Sam Kutesa, advirtió en una carta enviada a la oficina de derechos humanos de la ONU que el informe minaba “los esfuerzos realizados por los países de la región hacia la paz y la seguridad regional”. “Estas tácticas siniestras minan la decisión de Uganda de contribuir con y participar en, varias operaciones internacionales y regionales de paz”, señalaba el ministro ugandés.
Si ambos países cumpliesen sus amenazas de retirar sus soldados de las misiones de paz en las que participan, causarían un buen dolor de cabeza a la ONU.
Ruanda, un pequeño país del África del Este, contribuye con cientos de soldados a la misión de paz de la ONU en Chad, Haití, Liberia y principalmente Sudán. Uganda, un país más grande, es uno de los principales contribuidores a la misión de la Unión Africana en Somalia.
Un portavoz de la ONU ha declinado hacer comentarios de cara a la publicación oficial del informe, en Ginebra, el día 1 de octubre.
Informe retrasado
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, había retrasado varias semanas la publicación, para dar tiempo a los gobiernos afectados a publicar sus comentarios, junto con la versión final.
El informe, que incluye entrevistas con más de 1.280 testigos presenciales, concluye con sugerencias sobre las maneras en que el gobierno de la RDC, junto con la comunidad internacional, podría procesar a los culpables de los crímenes y ayudar a las víctimas.
Amnistía Internacional ha descrito el informe con una “investigación muy minuciosa” y ha pedido que se presione a los países donantes para que la RDC lleve a los criminales ante la justicia. “Lo que queremos ahora es que se pase a la acción”, afirmó Veronique Aubert, vicedirectora del programa del grupo para África. “El ciclo de violencia en la región sólo se detendrá si los responsables de estos terribles crímenes son llevados ante la justicia”.
(News 24, 01-10-10)
