El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el miércoles el mandato de la misión de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana (CAR) hasta el 15 de noviembre de 2018, y autorizó el envío adicional de 900 militares.

El incremento del número de Cascos Azules se produce en un contexto de aumento de los combates en esta nación africana y, por lo tanto, de un crecimiento de la inseguridad y la miseria de su población civil.

La Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de la ONU en la República Centroafricana, conocida por su acrónimo francés MINUSCA, también ha sido el objetivo de numerosos ataques, que han acabado con la vida de al menos 12 efectivos de mantenimiento de la paz y han herido a muchos más.

En un esfuerzo por llamar la atención sobre la frágil situación en el país que, según la organización, «a menudo está alejado de los medios de comunicación», el Secretario General, António Guterres, viajó a la República Centroafricana a finales de octubre.

Una vez allí, el Secretario General advirtió sobre las divisiones religiosas, enfatizando que estas son el resultado de «manipulaciones políticas que deben ser condenadas y evitadas a toda costa».

Mediante una resolución adoptada por unanimidad, el Consejo de 15 miembros condenó «en los términos más enérgicos» la incitación al odio y la violencia étnica y religiosa, las múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario y las violaciones y abusos generalizados de los Derechos Humanos, incluida la violencia sexual y de género que llevan a cabo, en particular, el grupo ex-Seleka, principalmente formado por musulmanes, y los Anti-Balaka cristianos, junto con otras milicias, así como los ataques a civiles y contra comunidades específicas.

El Consejo también reiteró su profunda preocupación por la «situación humanitaria grave» en el país debido al deterioro de la seguridad, la falta de acceso que dificulta la tarea de los trabajadores de la organización, así como los ataques perpetrados contra estos.

Según las estimaciones, más de 600.000 personas han sido desplazadas dentro del país y más de 500.000 han buscado refugio más allá de las fronteras de la República Democrática del Congo. Esta cifra total de más de 1,1 millones de desplazados, interna o externamente, es la cifra más alta jamás registrada en el país.

En la resolución, el Consejo de Seguridad también instó a las autoridades nacionales a tomar medidas concretas, «sin demora y con carácter prioritario», para fortalecer las instituciones de justicia y luchar contra la impunidad y a continuar sus esfuerzos para restablecer la autoridad efectiva del Estado sobre todo el territorio del país.

Los derechos humanos, la protección de los niños y la violencia sexual en los conflictos

Con respecto a la situación de los derechos humanos en el país, el Consejo reiteró la necesidad urgente de hacer rendir cuentas a todos los autores de violaciones y abusos del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

También hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto, incluidos a los grupos ex-Seleka y Anti-Balaka, para que pongan fin a todas las violaciones y abusos cometidos contra los niños, incluidos los relacionados con su reclutamiento y uso, las violaciones y la violencia sexual, las ejecuciones y mutilaciones, los secuestros y los ataques a escuelas y hospitales.

«[El Consejo] insta además a las autoridades de la República Democrática del Congo a investigar rápidamente las presuntas violaciones y abusos a fin de responsabilizar a los perpetradores y garantizar que los responsables sean excluidos del sector de la seguridad», se lee en la resolución.

Fuente: allAfrica

[Traducción, Elvira Vara]

[Fundación Sur]

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