En el trascurso de la rueda de prensa organizada el pasado día 14 de octubre, en su cuartel general, la misión de las Naciones Unidas en el Congo, MONUC, reaccionó a un comunicado de la Coalición de Defensa del Congo, (Congo Advocacy Coalition, CAC), sobre las consecuencias nefastas de la operación Kimia II, sobre la población civil. Esta coalición de 84 organizaciones de ayuda humanitaria, y de defensa de derechos humanos indica en su informe que más de 1.000 civiles han muerto, 7.000 mujeres y niñas han sido violadas y al menos 900.000 personas se han visto desplazadas, durante los ataques realizados por el ejército congoleño, apoyado por la MONUC, en las provincias del Kivu Norte y Kivu Sur, contra los rebeldes hutu de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR.
Frente a esto, la MONUC ha señalado que las acciones militares siempre van acompañadas de sufrimiento civil, tanto en forma de desplazamientos de población como por los actos de represalias cometidos por las FDLR, las violaciones y otros crímenes perpetrados por los combatientes de todos los bandos, incluidos los elementos de las Fuerzas armadas de la República Democrática del Congo, FARDC. La MONUC ha declarado compartir ciertas observaciones del colectivo CAC.
La MONUC admite que el desarme de las milicias FDLR debe ser una prioridad imperativa para el gobierno congoleño y los soldados de mantenimiento de la paz de la ONU, pero que “deberían proceder con la máxima urgencia para mejorar la protección de los civiles”. También ha reconocido que las operaciones militares, por sí solas, no constituyen la respuesta al problema de las FDLR, y que es necesaria una aproximación global y multifacética para acabar con esta milicia, incluido un aumento de la presión sobre los jefes de este movimiento, que viven en el país, o en el continente africano, Europa o América del Norte.
Divergencias
Su director de información pública, Kevin Kennedy, rechaza ciertas afirmaciones sobre las que se basan los argumentos del comunicado del colectivo de ONG y las juzga “infundadas”. Entre otras, la MONUC recusa la idea de suspender las operaciones militares contra las FDLR. “Esa no es una estrategia viable, ya que tendría el efecto de levantar la morar de las FDLR y su capacidad de perjuicio. Además tendría igualmente un efecto de romper la dinámica actual de prioridades acordada en el reglamento de este problema, necesario para mantener el espíritu de cohesión en el seno de las FARDC, en particular, entre las tropas de nueva integración, a riesgo de fragilizar los acuerdos políticos entre la RDC y Ruanda”, señaló.
Con respecto a las acusaciones de “complicidad silenciosa”, la MONUC ha descartado las mismas al afirmar que cuando tiene información relativa a abusos cometidos por las FARDC, la MONUC llama la atención de las autoridades militares, y recomienda medidas a imponer, como el cese de las funciones de los oficiales de los puestos de mando, así como acciones judiciales.
Con respecto a las cifras dadas por las ONG, desde enero de 2009, la MONUC alega que estos números son brutos y no hacen distinción entre las violaciones y los ataques cometidos por el FDLR y por otros actores en el curso de las operaciones militares, y tampoco hace diferencia entre los desplazamientos y exacciones cometidas en contra de los civiles en otros contextos, que precedieron a las operaciones, y que no están directamente ligadas a estas”.
La MONUC afirma que las operaciones militares contra el FDLR debilitan realmente al grupo dirigido por los genocidas y perturba fuertemente sus estructuras de mando, favoreciendo la deserción en el seno de sus tropas. “Estas operaciones que están en curso desde hace 9 meses, determina los adversarios que están profundamente arraigados en la región, y que después de 15 años, hará falta tiempo para neutralizarlos como fuerza”, señaló el portavoz de la MONUC.
Tshieke Bukasa
(Le Phare, Congo R.D. 19-10-09)
