La nueva Fiscal de la CPI Fatou Bensouda quiere que los jueces puedan revisar nuevas pruebas para que sea más fácil de probar el caso contra el vice-primer ministro de Kenia Uhuru Kenyatta y el ex secretario del gabinete, Francis Muthaura. En un movimiento técnico, Bensouda presentó una solicitud el día 3 de julio para ampliar la responsabilidad penal contra Uhuru y Muthaura, el procedimiento debe ser adaptado para aceptar tres elementos previamente no incluidos por la Sala de Cuestiones Preliminares.

El Fiscal de la CPI quiere que el tribunal le permita introducir nuevos procedimientos para que puedan ser declarados culpables de crímenes contra la humanidad. El fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona declaró al ex líder liberiano Charles Taylor culpable de complicidad en crímenes de guerra después de ajustes similares. Bensouda también ha pedido a los jueces de primera instancia reducir los elementos de la «indirecta coautoría» acordados por la Sala de Cuestiones Preliminares.

El efecto neto de las dos medidas, por acuerdo de los jueces, será aumentar las posibilidades de encarcelar a Uhuru y Muthaura. Fueron Ekaterina Trendafilova y sus colegas jueces de Primera Instancia, quienes confirmaron los cargos en su contra en enero en virtud del artículo 25 (3) (a) del Estatuto de Roma. Esto otorga una responsabilidad penal a una persona que comete un crimen individual, con otro o por medio de otro.

Bensouda ahora pide a los jueces aumenten esta responsabilidad para incluir el artículo 25 (3) (b), (c) y (d). Ella dice que el artículo 25 (3) (a) no es la única manera de demostrar la responsabilidad penal de Uhuru y Muthaura. «La fiscalía reconoce que la responsabilidad criminal de los acusados también podría ser caracterizado como: pedir, solicitar o inducir en el artículo 25 (3) (b); ayudar, instigar o de otra asistencia en virtud del artículo 25 (3) (c), o contribuyendo» de otra manera «a un delito cometido por un» grupo de personas que actúe con un propósito común «en virtud del artículo 25 (3) (d)», argumentó Bensouda.

El ex fiscal de la CPI Moreno Ocampo había acusado sólo en virtud de (a) y (d). En su comparecencia, los jueces ignoran (d) y el caso siguió solo con el apartado (a). El día 3 de julio, Bensouda recordó a los jueces de primera instancia que los jueces de instrucción habían confirmado que Muthaura y Kenyatta “habían cometido los delitos en Nakuru y Naivasha».

Los jueces también confirmaron que Muthaura instruyó el ex jefe de Policía Gen Hussein Ali para eliminar la obstrucción policial a los delitos en el Valle del Rift y que Uhuru dio «instrucciones» y un «mandato» a un individuo «para coordinar en Mungiki los efectos del ataque en Nakuru». La fiscal sostiene que, aunque estos actos se examinaron bajo el apartado (a), también podría ser catalogado como «pedir, solicitar o inducir» en virtud del artículo (b).

Bensouda dijo que el elemento adicional de la responsabilidad que fue sugerido por la confirmación de que Muthaura y Uhuru negociaron un acuerdo con Maina Njenga para colocar a la población de Mungiki a su disposición, las actividades del fondo Mungiki ofrecen apoyo institucional. Dijo que estos actos pueden ser clasificados como ayuda, la incitación o ayudar en la comisión de los delitos y como «cualquier otra forma de contribución» en virtud del artículo (d).

Ayer, Nick Kaufman, abogado en ejercicio en la CPI, dijo que si se conceden las propuestas de Bensouda, le daría más libertad para conseguir una condena. «Por lo que a la acusación se refiere, se demuestra que están echando su red muy amplia y, en cierta medida, se sienten inseguros en cuanto a sus posibilidades de obtener una condena sobre la base de la selección original en cuanto al modo postulado de la responsabilidad», dijo.

En su segunda propuesta, Bensouda quiere que los jueces de primera instancia revisen el umbral de la prueba de que los dos son “indirectos coautores”. Ella dijo que el umbral establecido por la Sala de Cuestiones Preliminares era “en gran medida correcta, pero requiere cierta adaptación”. Bensouda dijo a los jueces que el artículo 21 (2) de la ley no les unen a la interpretación de la Sala de Cuestiones Preliminares, del artículo 25 (3), que está en el corazón de la prueba indirecta de la coautoría desarrollado por Trendafilova.

Bensouda quiere confiar en las conclusiones del tribunal que condenó a Thomas Lubanga, para determinar el umbral de la condena. La fiscalía se supone que prueba la existencia de un plan común, pero Bensouda ha argumentado que la acusación no está obligado a probar que el plan estaba dirigido específicamente a la comisión de un delito. «Es suficiente con establecer que el plan común incluye un elemento crítico de la criminalidad», argumentó. “Por otra parte, el plan común no tiene por qué ser explícito y se puede deducir de las pruebas circunstanciales, como la acción posterior concertada de los co-autores», dijo.

Bensouda también argumentó que ella no necesita demostrar la contribución específica de Uhuru o Muthaura en virtud del artículo 25 (a) si se considera el juicio de Lubanga. De acuerdo con los jueces de Lubanga, la responsabilidad de los co-autores surge de la atribución mutua basada en el acuerdo conjunto o un plan común. Durante la reunión con las partes el 12 de junio, la defensa se opuso a Muthaura un aviso de estos cambios diciendo que equivalía «a la alternativa de carga por la puerta de atrás». En su presentación, Bensouda insistió en que sus propuestas no solo buscan ampliar los cargos contra el Uhuru y Muthaura.

(The Star, Kenia, 5 de julio de 2012)

Noticia enviada y traducida por Eva Estaun, española residente en Nairobi.