La abundancia de informes publicados por los medios de comunicación ponen de manifiesto que la corrupción en Kenia sigue siendo demasiado habitual, especialmente por parte de muchos miembros del gobierno y los condados del país.
Son muchos los funcionarios públicos que acaban por verse envueltos en denuncias por corrupción, acusados de utilizar sus cargos para enriquecerse, de manejar la ley a su voluntad y de aprovecharse de los recursos públicos. Sin embargo, aunque estas denuncias son públicas y frecuentes, no se aprecia una solución a corto plazo para promover una cultura libre de corrupción en el país.
Hace dos semanas, la Comisión de Justicia Administrativa (CAJ), conocida popularmente como la oficina del Defensor del Pueblo, realizó graves acusaciones cuestionando la integridad de algunos de los oficiales de la Comisión de Ética y Anti-corrupción (EACC). La CAJ señaló que oficiales investigadores del EACC habían sido sobornados con casas para pasar por alto aspectos de un trato de proyecto de vivienda de la Caja Nacional de Seguridad Social, y también han acusado de corrupción a miembros de las comisiones parlamentarias.
Particularmente preocupante puede resultar la supuesta conducta ilegal de los miembros del Comité de Cuentas Públicas y del Comité de Inversiones Públicas, dos instituciones que en teoría luchan contra la corrupción.
La corrupción parece guiar de nuevo a Kenia, obstaculizando un mayor desarrollo y fomentando la pobreza. Para avanzar, se llama a los ciudadanos a luchar contra esta ilegalidad, aunque para ello haya que solicitar la ayuda de las organizaciones que han sido fundadas con el objetivo de combatir la corrupción. Estas organizaciones, en primer lugar, tendrán que “limpiar” los nombres de sus dirigentes si se quiere recuperar la autoridad moral para perseguir a los corruptos del país.
People Daily – Fundación Sur
