Kenia no ha logrado detener la investigación del Tribunal Penal Internacional, TPI, sobre la violencia sufrida por el país, tras las elecciones de diciembre de 2007, cuando los jueces han declarado que la falta de un proceso nacional hace necesario que el caso siga adelante en el TPI.
Los fiscales del TPI han acusado a seis personalidades políticas y empresariales de estar implicadas en la violencia post electoral ocurrida a finales de 2007 y principios de 2008, en la cual murieron más de 1.200 personas. Los seis acusados dicen que son inocentes de todos los cargos.
En marzo, el gobierno de Kenia se opuso al procedimiento del TPI, argumentando que la adopción de su nueva constitución y otras reformas han abierto el camino para que el país lleve a cabo su propio proceso judicial de los responsables.
El tribunal ha respondido que los jueces de instrucción han concluido que la solicitud de Kenia no daba “evidencias concretas sobre un proceso en marcha en los tribunales nacionales”, contra los seis sospechosos.
Los jueces de instrucción añaden que Kenia no da información de ningún crimen o incidente sobre el que los sospechosos estén siendo investigados o interrogados.
Añaden que el tribunal carece de información sobre las fechas en que comenzaron las investigaciones, si es que se ha realizado alguna o está en curso, y sobre si los sospechosos han sido interrogados o no. Los jueces del TPI afirman que no han recibido por parte de la policía de Kenia ni sus fiscales, ningún informe sobre ningún interrogatorio.
En consecuencia, el tribunal dictaminó que lo único que puede hacer es determinar que el caso es admisible.
El gobierno de Kenia todavía puede presentar una apelación contra la decisión del TPI en un plazo de cinco días.
Los seis acusados son el ministro de Finanzas, Uhuru Kenyatta, el secretario de Estado, Francis Muthaura, el jefe de la corporación Postal, Husseis Ali, y los ministros suspendidos, William Ruto, y Henry Kosgey, además de un ejecutivo de la radio nacional, Joshua Arap Sang.
El fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo acusó a los funcionarios del gobierno el día 29 de mayo, de crear un “clima de miedo”, mediante una campaña de intimidación de potenciales testigos, puesta en marcha para acabar con la investigación del TPI, y entorpeciendo las investigaciones tanto nacionales como internacionales.
El mes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU, archivó una petición de Kenia para que se retrasase el proceso del TPI.
(Times, Suráfrica, 31-05-11)
