El gobierno de Kenia ha escrito a la Corte Penal Internacional para quejarse de la conducta de la fiscal jefe Fatou Bensouda.
En sus conclusiones, el Fiscal General Githu Muigai dice que Bensouda ha deshonrado al gobierno de Kenia, afirmando repetidamente que no estaba cooperando plenamente con su oficina.
Githu citó los recientes comentarios de Bensouda que dicen que parte de la razón por la que abandonó el caso contra el ex secretario del gabinete Francis Muthaura fue la falta de cooperación por parte del gobierno de Kenia.
«El Gobierno de Kenia desaprueba cualquier intento por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de justificar o excusar vacíos probatorios o dificultades atribuibles por acción o por omisión al Gobierno de Kenia», dijo.
Githu dijo que el Gobierno ha cumplido con las 37 solicitudes hechas por la fiscal, aparte de haber proporcionado al tribunal información financiera sobre los tres sospechosos y declaraciones de las entrevistas de diez jefes de policía.
En la información financiera, Githu dijo «Kenia sostiene que debe existir una orden judicial en su lugar con el fin de cumplir con esta petición.» En cualquier caso, añade, la Sala de Primera Instancia aseguró que dicha solicitud carece de justificación.
En los interrogatorios policiales, Githu dijo que había una orden judicial emitida el 1 de febrero 2011 que prohíbe al juez Kalpana Rawal «tomar o hacer constar cualquier prueba de cualquier keniano» de conformidad con cualquier proceso de la Corte Penal Internacional.
«No puede ser correcto que la seguridad interior de un Estado sea violentada por sobornos y acusaciones mal soportadas que procedan de agencias exteriores, porque la falta de cooperación tiene el potencial de erosionar la relación nacional de las instituciones de Gobierno y su conformidad con el estado de derecho», dijo Githu.
En su última presentación, Bensouda dijo que el gobierno de Kenia apoyó la orden judicial y que la orden se ha mantenido «a pesar de las reiteradas peticiones al Gobierno de Kenia que pida a la Corte la designación de jueces para conocer del caso en cuanto al fondo».
Muigai dijo que en lugar de estar siempre quejándose, Bensouda haría mejor en reportar a la Asamblea de los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma.
Muigai afirma el gobierno de Kenia ha cumplido plenamente con su obligación, en la entrega de documentación y pruebas.
«El suministro de este tipo de documentos sensibles a la seguridad nacional a un tercero para su uso en el proceso penal es, en la presentación respetuosa con el Gobierno de Kenia, un acto sin precedentes de cooperación con la Corte y demostrativo del compromiso de la República de Kenia y el respeto a la Corte Penal Internacional «, dijo.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional tendrá que pagar algo así como unos Sh5.5 millones para establecer un servicio de videoconferencia para permitir que el presidente Uhuru Kenyatta pueda asistir al juicio desde Kenia.
Se aplicará un coste similar si el tribunal permite también permite al vicepresidente William Ruto y su co-acusado Joshua Sang asistir a su juicio por videoconferencia.
Esto incluye el costo de la compra de los equipos necesarios en Nairobi y en La Haya para que las pruebas que se realicen a través de un enlace de vídeo a petición de Uhuru, Ruto y Sang.
El registro de la corte dijo a los jueces de la Cámara de Primera Instancia de la CPI que también tomaría un mínimo de dos meses para tener la facilidad de configurar y probar todos los equipos. El juicio de Uhuru está programado para comenzar en julio, mientras que el de Ruto y Sang se supone que comenzará el próximo mes.
El registro dijo a los jueces que no era probable que se demorara en el procedimiento judicial en caso de que el sistema de videoconferencia se adopte a diferencia de que se podría demorar si los tres sospechosos aparecieran físicamente en la corte.
«El registro mantiene su opinión de que un enlace de vídeo creado debe ser una solución ad hoc en lugar de una estructura», dijo que el registro en sus comunicaciones. El registro también dice que una adecuada planificación del calendario de juicios sería necesaria para evitar la posible interferencia de los casos.
La oficina del registro aseguró a los jueces que, si bien se puede cifrar la comunicación a través del enlace de vídeo, no se puede garantizar la comunicación al mismo nivel a través de los teléfonos móviles. Ha recomendado que la necesidad de copias de seguridad en caso de interrupción en el suministro eléctrico en Nairobi, lo que afectaría el video-link.
«El registro hará todo lo posible para maximizar la calidad de audio, pero la contaminación acústica desde el exterior y / o en otros factores, como fuertes lluvias, obviamente, estarán fuera de control del registro,» aseguraron los responsables.
También dijeron que no habría necesidad de dos enlaces de vídeo simultáneos, si el acusado y los testigos de cargo han de presentar comunicaciones al mismo tiempo.
«A medida que se necesite, conferencia de video adicional y/o distribución de los equipos se puede comprar y se añade a la infraestructura actual de los tribunales», dijo el registro.
(The Star, Kenia, 11 de abril de 2013)
Noticia traducida y enviada por Eva Estaun, analista político de la Universidad Católica del África Oriental, en Nairobi, Kenia.
