Después de los cargos por la participación militar y policial en el fallido golpe de Estado del 13 de mayo, el proceso penal se ha estancado. Mientras tanto, los cambios de prisión se multiplican.
Zenón Nzeyimana, abogado de varios oficiales de alto rango, informó que «Nos sorprende que el Tribunal Supremo no haga comparecer a nuestros clientes para pronunciarse sobre la detención preventiva». Nzeyimana preciso que el Código de Procedimiento Penal de Burundi dispone que el Ministerio Público debe presentar todos los cargos de los acusados ante el tribunal en un plazo no superior a quince días desde el día de la acusación.
La preocupación de Nzeyimana está fundamentada ya que la mayoría de los golpistas acusados fueron encarcelados en siete cárceles del país el 19 de mayo, de acuerdo con el procedimiento aplicable en caso de delito flagrante. Sin embargo, el abogado ha tenido mucho cuidado en no cargar esta irregularidad sobre el Ministerio Público y todo por una buena razón: una sesión de la Cámara del Consejo, que estaba prevista para todos los acusados y que debía haber tenido lugar el pasado 9 de junio en Gitega, fue aplazada sine die. La Asociación de Burundi para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (APRODH) había movilizado a dieciocho abogados defensores. Esto podría ser entendido como que el Ministerio Público habría cumplido con su ver de presentar en plazo a los acusados ante el juez.
¿Por qué este retraso? ¿Por qué no se ha programado otra reunión? La portavoz de la Corte Suprema, Agnes Bangiricenge, sólo responde que se mantendrá a la opinión pública debidamente informada.
Deo Suzuguye, director general de asuntos penitenciarios (DGAP), declaró que todos los directores de prisiones ya han cumplido con la ley que los obliga a denunciar ante el magistrado los casos de los presos en detención preventiva arbitraria debido a la no comparecencia en la Cámara del Consejo.
Los traslados o el riesgo de ser asesinados
La Asociación Católica de Lucha contra la Tortura (ACAT-Burundi) está preocupado por los múltiples traslados de los generales: «Los acusados temen por su seguridad durante el viaje. La policía podría simular una huida y matarles en el camino».
El traslado más reciente ha sido el del general Herménégilde Nimenya, desplazado de Ngozi a Rumonge. . Nzeyimana sugiere que «Aparentemente fue él mismo quien pidió el traslado», pero duda que su cliente lo solicitara voluntariamente. Anteriormente el general Nimenya, por razones que todavía no están claras, el general Zenón Ndabaneze y el Mayor Prosper Nkurunziza habían sido transferidos a Rumonge Rutana. El general Cyrille Ndayirukiye fue el primer oficial de alto rango en ser trasladado. Después de una semana en la cárcel de Muyinga, el ex ministro de Defensa con Buyoya II, fue trasladado a Gitega. La DGAP, que normalmente se encarga de los traslados, ha informado que sólo ejecuta órdenes de la Fiscalía.
Según Nzeyimana, las familias de los acusados desean que sean trasladados a Bujumbura para un mejor ejercicio de sus «derechos de visita”. Pierre Claver Mbonimpa, presidente de APRODH, constata impotente la política sistemática de alejar a los presos de sus familias.
Philippe Ngendakumana
Iwacu
