Un informe publicado por Human Rights Watch el pasado 26 de octubre denuncia la situación de violencia y discriminación de la comunidad LGBT en Malaui. El informe titulado “Deja al futuro que juzgue”, ha sido llevado a cabo mediante la entrevista de 45 miembros de la comunidad LGBT en Malaui y la colaboración de activistas locales durante 2018.

En Malaui, la violencia y la marginalidad forman parte del día a día de la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT). La policía ejerce normalmente violencia física y arrestos arbitrarios. En ocasiones debido a un proceso legal en el que la persona está envuelta, y en otras, por el simple motivo de ejercer sus derechos fundamentales y ser miembro de la comunidad LGBT. La criminalización y el estigma social han tenido un enorme efecto en la comunidad LGBT del país, provocando que tengan que recurrir a una autocensura ya que cualquier sospecha puede llevarles a ser arrestados.

El Ministro de Justicia y de Asuntos Constitucionales aprobó en 2012 una moratoria en relación a la legalidad de las detenciones y la persecución de actos de carácter homosexual. En 2016, una corte suspendió la moratoria dejándola pendiente de decisión de la Corte Constitucional. La falta de certeza que esta situación ha traído, ha dejado un vacío legal que muchos individuos a atacar al colectivo LGBT con total impunidad.

La marginalidad ha llevado a muchos miembros de la comunidad, a la incapacidad de acceder a los servicios médicos necesarios para poder obtener la medicación necesaria para aplacar los síntomas del SIDA. Además, con la discriminación del sistema de salud pública, también disminuye las capacidades del estado de prevenir, tratar y curar.

Uno de los casos más famosos, apunta el informe, fue el de Monjeza y Chimbalanga, una pareja gay condenada a 14 años de prisión en 2010. Tras la condena y gracias a la presión internacional que recibió el caso, el Presidente Bingu Mutharika los amnistió.

Diversas instituciones y poderes del Estado de Malaui se han visto envueltos en la disputa entre la criminalización de la comunidad LGBT o la despenalización de ésta –una vez las leyes anti homosexuales habían sido aprobadas-. Las decisiones han movido el marco legal de un lado para otro dejando un vacío que muchos individuos han usado para atacar a la comunidad LGBT.

Este marco legal anti LGBT contradice diversidad de instrumentos regionales e internacionales para la defensa de los Derechos Humanos que Malaui ha ratificado: la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los derechos violados se incluye: el derecho a la no discriminación, igualdad ante la ley e igual protección, derecho a la privacidad, derecho a la seguridad del individuo, derecho de libre asociación y reunión y otros muchos.

La práctica llevada a cabo por las autoridades policiales del país se resume en una primera agresión y detención de la persona “sospechosa” y puede resolverse o bien con la puesta en libertad tras un pago (soborno) o llevando el caso a alguna corte.

* Accede al documento: Let Posterity Judge

Fuente: Human Rights Watch

[Traducción, Alejandro Álvarez Ramírez]

[Fundación Sur]

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