El Tribunal Supremo de Kenia se puso del lado de los estudiantes y declaró inconstitucional el modelo de financiación de la educación superior propuesto recientemente.
El Tribunal Supremo de Kenia emitió un fallo histórico, el 20 de diciembre de 2024, que declaró inconstitucional el nuevo modelo de financiación de la educación superior. El caso, presentado ante el Tribunal por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y otras organizaciones, incluido el Caucus Nacional de Estudiantes, cuestionaba la legalidad y equidad del nuevo modelo lanzado el año pasado.
En su fallo, el juez Mwita declaró inconstitucional el nuevo modelo de financiación universitaria por varias razones. El tribunal superior señaló que viola la Sección 53 de la Ley de Universidades al introducir políticas que entran en conflicto con la ley. El tribunal encontró también que el modelo era discriminatorio, citando su trato desigual basado en capacidad financiera, tipo de escuela, edad y criterios ambiguos como el «ingreso familiar», que violan el Artículo 27 de la Constitución que garantiza igualdad y libertad sin ninguna discriminación. Además, el modelo de financiación viola las legítimas expectativas de los estudiantes al reemplazar abruptamente el marco existente sin previo aviso o consulta. Además, el tribunal dictaminó que el modelo no cumplía los requisitos constitucionales de participación pública y supervisión parlamentaria.
El Caucus Nacional de Estudiantes acogió con satisfacción la decisión del tribunal, calificándola de victoria para los estudiantes y la ciudadanía keniana en general. En una declaración, la organización declaró:
“Este pronunciamiento brinda una oportunidad para que todo el país reflexione sobre el futuro de sus instituciones terciarias. En un momento en que las principales instituciones de educación superior están luchando con las finanzas, es urgente que el Estado revise, sincera y objetivamente, la manera en que pretende sostener los procesos de educación superior del país. Aislar a los jóvenes y a la ciudadanía keniana de la educación universitaria mediante un ajuste adverso de los costos no es ciertamente una de esas formas de remediar el lamentable estado de nuestras universidades; y los tribunales, naturalmente, se han asociado con esta lógica”.
El fallo del tribunal resuena con la urgencia y la necesidad de adoptar un enfoque más inclusivo y transparente para la formulación de políticas en Kenia, especialmente dadas las protestas masivas que sacudieron al país el año pasado. Como la educación es un bien público fundamental, cualquier cambio en su financiación debe priorizar la accesibilidad y la equidad para todos los kenianos, y según el fallo del tribunal es evidente que esto no se tuvo en cuenta. Sin embargo, no es inusual, ya que las políticas neoliberales consideran la educación como un producto al que solo se accede mediante dinero.
Esto llevó a miles de estudiantes a las calles en septiembre para protestar contra el nuevo modelo de financiación, que consideraron injusto y discriminatorio. El modelo clasifica a los estudiantes en función de los ingresos familiares, utilizando criterios que muchos argumentaron que eran opacos e injustos. Los estudiantes señalaron el hecho de que los criterios de distribución del modelo suponían una significativa carga financiera para los estudiantes de familias de bajos ingresos, haciendo que la educación universitaria fuera inaccesible para muchos. Como resultado, más de 10.000 estudiantes apelaron sus asignaciones de financiación después de ser ubicados en categorías en las que no podían afrontar el costo de la educación superior.
En respuesta al fallo, el gobierno ha indicado su voluntad de revisar y ajustar el modelo para garantizar que satisfaga mejor las necesidades de los estudiantes, al tiempo que considera la viabilidad a largo plazo de las universidades públicas. Los estudiantes han expresado que es imperativo que cualquier modelo propuesto priorice accesibilidad, asequibilidad y la inclusión en la educación superior, y no afiance aún más las barreras que muchos estudiantes kenianos ya enfrentan para acceder a una educación de calidad.
El éxito de estos ajustes dependerá de un enfoque colaborativo, que incluya el aporte de universidades, estudiantes y otras partes interesadas, para crear una financiación consolidada y una decisión colectiva de cara al futuro. La continua presión ejercida por los estudiantes para defender su derecho a la educación es necesaria. Es esencial que este impulso continúe con el llamamiento a la acción para desmantelar las barreras sistémicas y garantizar que la educación superior sea accesible para todos, independientemente del estatus socioeconómico.
Nicholas Mwangi
* Nicholas Mwangi es miembro de la Biblioteca Ukombozi en Kenia.
Fuente: Peoples Dispatch
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
