El senador Pere Sampol presentó el día 7 de marzo una moción mediante la cual insta al gobierno a colaborar con la Justicia Universal y a proponer, en la Unión Europea y en las Naciones Unidas, que se tomen las medidas necesarias para obligar al dictador ruandés, Paul Kagame, a liberar a todos los presos políticos, a permitir la celebración de unas elecciones libres, a que cese inmediatamente el programa de esterilización forzada de 700.000 hombres y a que deje de expoliar los recursos de la vecina República Democrática del Congo.
Con motivo de las últimas revelaciones de wikileaks, publicadas por el diario 20 minutos, en relación con el Auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el que imputa y ordena el arresto internacional de 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés a los que acusa de genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, violaciones, pillaje y el asesinato de nueve ciudadanos españoles, el senador balear afirma en su moción que dichas revelaciones “demuestran lo que ya había quedado de manifiesto en todas las comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno: su desprecio por el Auto del magistrado Andreu, la complicidad con el Gobierno ruandés del dictador Paul Kagame y la sumisión a los deseos de Estados Unidos. Wikileaks sólo confirma las evidencias reflejadas en los diarios de sesiones del Senado. El desdén del Gobierno hacia el Auto judicial; el ensalzamiento del régimen ruandés, principal responsable del conflicto que ha causado el mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial; el desprecio a las familias de las víctimas españolas, -aún hoy el presidente del Gobierno no se ha dignado a recibirlas-; incluso la falta de colaboración con la Justicia, -aún no sabemos si el Gobierno ha cursado la Comisión Rogatoria al secretario general de las Naciones Unidas, dictada por el magistrado Andreu en febrero de 2009”.
Pere Sampol i Mas, senador de designación autonómica en representación de las Illes Balears por el Bloc per Mallorca-PSM-Verds, adscrito al Grupo Mixto, añade en su escrito presentado ante el senado: “Pero Wikileaks revela algo más importante, aunque ya puesto en evidencia por los Autos judiciales del magistrado Andreu: la protección de Estados Unidos al régimen ruandés y sus maquinaciones para dejar impunes los gravísimos delitos denunciados. Ahora se entienden las difamaciones divulgadas por un “Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones” contra Juan Carrero, activista mallorquín impulsor, junto a los familiares de las víctimas y otras organizaciones, de la querella criminal contra el Frente Patriótico Ruandés”.
“Hoy, cuando celebramos las “revoluciones” democráticas de Túnez, Egipto, Libia,… Cuando Estados Unidos condena al dictador Gadafi por reprimir a su pueblo y embarga sus bienes en Estados Unidos. Cuando la comunidad internacional toma represalias contra el régimen de Gadafi y brinda ayuda humanitaria a las zonas liberadas…, Paul Kagame, imputado por un Tribunal competente por los mayores crímenes contra la humanidad, sigue masacrando a su pueblo. Tiene a los líderes de la oposición encarcelados. Victoire Ingabire Umuhoza, lleva un año en la cárcel. Deogratias Musayidi, más tiempo. Ha asesinado a líderes como el vicepresidente del Partido de Los Verdes, así como a periodistas. Sigue practicando el pillaje de los recursos naturales del Este del Congo, masacrando a la población civil…”
“Y mientras la Comunidad internacional sigue amparándolo, está perpetrando la última fechoría. Según ha denunciado Steven W. Mosher, Presidente del Instituto de Investigación sobre la Población (Population Research Institute/PRI), Ruanda está preparando un programa de esterilización de 700.000 hombres, gracias a fondos recibidos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Concretamente de Salud Interna International (IntraHealth International) y Salud Familiar International (Family Health International). Estas campañas tendrían por objeto diezmar la étnia hutu mayoritaria, acto calificado de genocidio por la Convención para la Prevención y sanción del delito de Genocidio.”
(Moción presentada en el Senado, el 7 de marzo de 2011)
