El gobierno de uruguay arrancó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, estipulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2015-2024, con la misión de promover la inclusión social de unos 300.000 ciudadanos que componen esa población en Uruguay, informó la agencia EFE.
“El lanzamiento del decenio es un compromiso institucional del gobierno y de las organizaciones sociales que luchan por la justicia social y la defensa de los derechos para acceder a una vida digna”, declaró la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
El Ministerio de Desarrollo Social presentó un panorama de las desigualdades raciales en Uruguay e hizo hincapié en la importancia de la aplicación de las políticas afirmativas para revertirlas, según determina una ley aprobada en 2013. De acuerdo con la cartera, la pobreza afecta a un 22% de la población afrouruguaya, mientras los blancos pobres representan un 8%. Disparidades semejantes se reproducen en los indicadores de niveles de estudio y de ocupación de puestos de trabajo.
En ese sentido, la legislación en vigor establece normas para favorecer la participación de los cerca de 300.000 afrouruguayos en la educación y en el mercado laboral.
Según la ley, un 8% de las plazas de empleo abiertas al año en instituciones y organismos estatales deben ser ocupadas por personas afrodescendientes que cumplan los requisitos.
“Reconocemos que en nuestra sociedad, el racismo y la discriminación racial, entre otras situaciones, continúan definiendo y condicionando las posibilidades, sobre todo, de la población afrodescendiente”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
El Telégrafo (Fundación Sur)
