El gobierno de Argelia ha advertido que será culpa de la oposición si las manifestaciones pro-democracia, planeadas para finales de este mes, se vuelven violentas.
Los líderes de la oposición de Argelia, grupos de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y parados están planeando protagonizar una marcha el 12 de febrero en la capital de Argelia, Argel. Quieren que el gobierno levante el estado de emergencia que lleva implantado desde 1992, que ponga fin a la prohibición de partidos políticos y en general que sea más transparente.
Pero el vice primer ministro, nouredine Yaziz Zerhouni ha recordado a los organizadores el día 2 de febrero, que la marcha está “oficialmente prohibida”.
“Los que están convocando esta marcha deben asumir la responsabilidad por los daños o por si las cosas se escapan de las manos”, advirtió Zerhouni, ante los periodistas, añadiendo que el gobierno no tiene planes de levantar el estado de emergencia.
Como muchos de sus vecinos del norte de África, Argelia, una nación de 35 millones de habitantes, está al límite. Los disturbios estallaron el mes pasado, después de una subida del precio de los alimentos, dejando dos muertos, y los empleados de los hospitales y los bancos ahora están de huelga.
El gobierno ha seguido de cerca la oleada de resistencia que está sacudiendo a todo el mundo árabe, especialmente la rebelión popular en su vecino Túnez, que derrocó al líder autocrático del país, el mes pasado y el caos que reina ahora en Egipto, por el presidente Hosni Mubarak, que ha estado en el poder casi 30 años.
El pasado 22 de enero, la policía antidisturbios de Argelia se enfrentó con los manifestantes, que respondieron con piedras, cuando intentaron desafiar la prohibición de reunión pública en Argelia. Los manifestantes gritaban “Boutef fuera!”, en referencia al presidente Abdelaziz Bouteflika, que ha estado en el poder desde 1999.
A Bouteflika se le reconoce ampliamente el haber sofocado una sangrienta insurgnecia que enfrentaba a los militantes islamistas contra las fuerzas de seguridad y ocasionó la muerte a 200.000 personas en la década de los 90.
Pero el descontento hierve a fuego lento en Argelia: la escasez de viviendas, la pobreza endémica, a pesar de que el país es un gran exportador de gas… Los activistas dicen que los funcionarios del gobierno a menudo se quedan con el dinero de los beneficios energéticos del país, para su propio uso personal, en lugar de invertirlos en la economía del país o en la creación de empleos.
El estado de emergencia fue impuesto en reacción a la fiera insurgencia islamista. Pero los grupos de la oposición, señalando que ahora la violencia es esporádica, afirman que las autoridades utilizan esta ley como excusa para prohibir toda protesta política.
El día 2 de febrero, por primera vez, el gobierno de Argelia, emitió un comunicado sobre las protestas que sacuden el mundo árabe desde hace semanas. El ministro de Exteriores, Mourad Medecin, declaró que Argelia tiene una relación histórica con Túnez y Egipto y “siempre tenderá una mano de ayuda al pueblo de esos dos países”.
(IOL, 03-02-11)
