El Fiscal General de la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno Ocampo, ha acusado al Gobierno de Sudán de ser insensible al sufrimiento del pueblo sudanés de Darfur. “Los crímenes que se están cometiendo en Darfur no se pueden negar, ni minimizar. Las decisiones de cometer crímenes, de negarlos y de disimularlos se toman al más alto nivel. El negar que se estén cometiendo estos crímenes, por parte de las autoridades que prometieron proteger a los darfurianos, es un daño adicional a las víctimas”, señaló Ocampo.
El fiscal del CPI remitirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su informe semi-anual sobre el proceso de investigación de los crímenes de guerra en Darfur. En dicho informe, Ocampo da una visión más profunda de dos casos que su oficina se encuentra investigando en la actualidad.
La investigación de uno de los casos concluirá en julio. El segundo caso se centra en los repetidos ataques a los civiles, en particular a los fur, los massalit y los zaghawa; y el tercer caso investiga los ataques y amenazas a las tropas de paz de la Unión Africana y la ONU y a los trabajadores humanitarios.
Los jueces de la CPI emitieron su primera orden internacional de arresto contra algunos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en la región de Darfur, a principios del pasado mes de mayo. Estas órdenes se emitieron para Ahmed Haroun, Ministro del Estado para los Asuntos Humanitarios, y el comandante de la milicia Ali Mohamed Ali Abdel Rahman, también conocido como Ali Kushayb.
Hasta el momento Sudán se ha negado a entregar a los dos sospechosos. Haroun ha ascendido dentro del Consejo de ministros mientras que Kushayb ha sido liberado de la custodia gubernamental, tras haber sido investigado por su participación en algunos crímenes cometidos en Darfur.
Ocampo indicó que tiene intención de acusar a más altos cargos sudaneses próximamente, cuando concluyan las investigaciones que se están realizando. Este abogado nacido en Argentina dio nombres de los oficiales que está investigando, aunque sugirió que el Gobierno sudanés al completo está llevando a cabo un “plan criminal” en Darfur. Jartum, según Ocampo, moviliza a todo el aparato del Estado, para la ejecución de este plan, desde las fuerzas armadas, pasando por los servicios de inteligencia, los cuerpos diplomáticos y de información, hasta el sistema judicial.
Pero Ocampo también señaló que necesita la ayuda de la Comunidad Internacional para llevar a estos criminales ante la justicia y pidió a todos los países miembros de la ONU que envíen un “claro y unánime mensaje a Jartum, sobre la ejecución de estas órdenes de arresto internacional”.
El Consejo de Seguridad es el que encargó a la Corte Penal Internacional que investigase los crímenes de Darfur, hace tres años. El pasado mes de diciembre, China, Rusia y Qatar bloquearon la emisión de un comunicado que apoyaba el arresto de un sospechoso de crímenes de guerra en Darfur, para su extradición a la Corte Penal Internacional.
Sudán no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero el Consejo de Seguridad de la ONU ha impulsado una provisión al estatuto que permite ocuparse de situaciones en Estados no miembros, si amenazan a la paz y la seguridad internacional.
(Sudan Tribune, 04-06-08)
