Hace pocos días, los habitantes de Macdonal, en las afueras de Freetown, se despertaron sorprendidos por la llegada de una unidad conjunta de las fuerzas de seguridad sierraleonesas. La operación tenía como objetivo destruir más de 100 acres de cultivo de marihuana (Cannabis sativa), conocida localmente como Jamba.
La operación “Green Hay 2” fue llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (TOCU), una fuerza especial integrada por policías, militares y otros agentes de seguridad. TOCU normalmente se ocupa de delitos graves relacionados con el fraude y las drogas de clase A, como la cocaína. Sin embargo, el fuerte crecimiento del cultivo de marihuana, que puede llevar, según el gobierno, a amenazar la seguridad alimentaria en el país, pone de manifiesto que la unidad llevaba meses preparándose para una “nueva guerra”, la cual requiere meses de planificación y ejecución.
Sierra Leona cuenta con algunas de las tierras más fértiles de África occidental, sin embargo, registra los índices más bajos de rendimiento agrícola. Esto es atribuible a varios factores, pero el gobierno ha señalado al cultivo de cannabis como una amenaza emergente, dadas sus implicaciones adicionales con respecto a la seguridad nacional.
No hay datos claros del número de plantaciones de cannabis existentes. Pero una revelación de Wikileaks en 2011, muestra un cable de la embajada americana, de 2009, hablando del incremento de este cultivo. Este dice que los funcionarios de seguridad habrían identificado cientos de plantaciones de marihuana en todo el país, y agrega que Sierra Leona se estaba convirtiendo en uno de los estados de África occidental donde el cultivo de marihuana estaría intensificándose en detrimento de la producción de cultivos nacionales.
En los últimos cinco meses, 17 persona han sido detenidas después de varias redadas de la TOCU, la última de ellas en dos fincas con una superficie total de 5 km2.
Con un presupuesto de 50.000 dólares, financiados por la Ayuda irlandesa, una organización internacional que trabaja en la mejora de los rendimientos agrícolas de este país del África occidental, la policía tiene la esperanza de localizar todas las explotaciones existentes y destruirlas para hacer espacio para la producción de productos básicos. “A finales de abril, habremos llevado a cabo cinco operaciones más”, predice el superintendente Strieby Logan de TOCU.
Vigilancia activa
La unidad se está preparando para llevar a cabo su segunda incursión del año en las próximas semanas, en un lugar no revelado y que está bajo vigilancia policial desde hace algunos meses. Otras zonas donde también se cultiva el cannabis están siendo sometidas a fuerte vigilancia, dijo el Sr. Ibrahim Samura, director de la policía para las relaciones con los medios.
El gobierno se ha embarcado en una extensa campaña de sensibilización a través del Grupo de Coordinación del Consejo Nacional de Seguridad (NSCG), que agrupa a todas las instituciones de seguridad del país. Parte de la sensibilización consiste en apoyar a los agricultores con semillas y aperos, para animarles a concentrarse en el cultivo de alimentos básicos, en vez de marihuana.
Pero todos estos esfuerzos podrían resultar infructuosos debido a la naturaleza lucrativa de la cosecha prohibida. Para las comunidades identificadas como involucradas en el cultivo y comercio de cannabis, este se ha convertido en el pilar de su subsistencia.
Un kilo de marihuana cuesta 50 dólares, comparado con un saco de arroz (50 kilos) que cuesta mucho menos. Y en términos de costos de producción (mano de obra), cuesta mucho menos tiempo tener el cannabis listo para su cosecha y venta. Esto son los principales elementos, dijo el Sr. Samura, que impulsaron a estas comunidades a entrar en este negocio.
En la mayoría de las casas registradas por la policía tras la incursión de madrugada en el pueblo de Macdonal, se encontraron cantidades de Jamba, una prueba de lo extendido que está este cultivo. Once personas fueron detenidas, al azar, durante la redada, pero, más tarde la policía dijo que estaba por determinar sus grados de complicidad.
Según el superintendente en jefe Amara Sesay, jefe de la sección de Delitos Transnacionales Organizados, la ubicación del pueblo y de las granjas sugirió que casi ningún miembro de la aldea sería inocente. “El dinero que produce este cultivo hace que sea una fuente de ingresos muy necesaria para el pueblo, y por eso es considerada como una inversión para la comunidad”, dijo en una entrevista.
La mayor parte del cannabis cultivado en Sierra Leona pasa de contrabando a países vecinos, principalmente Guinea y Liberia. La frecuente aprehensión de envíos confirma que gran cantidad de droga se exporta.
En casa, además del efecto sobre la seguridad alimentaria, el gobierno está preocupado por el efecto negativo de la marihuana en la juventud. El cannabis se consume como sopa que se bebe, además de ser fumado.
Connivencia de la policía
Las revelaciones de Wikileaks en 2001 pusieron de relieve que las autoridades nacionales de seguridad estaban preocupadas por el efecto sobre los jóvenes desempleados que se iniciaban en el negocio cuidando de la seguridad de las plantaciones.
De los más de 500.000 sierraleoneses que se dice sufren problemas mentales, el 90 por ciento son jóvenes. Y el factor más importante al que se atribuye su situación es el abuso de drogas como el cannabis.
La policía, dijo el portavoz Samura, tiene que hacer frente a diversos obstáculos para hacer frente a esta amenaza.
En los últimos años, los agricultores parecen haber perfeccionado sus tácticas evasivas al establecer sus plantaciones en zonas distantes y altamente boscosas donde la accesibilidad de los vehículos es un gran problema por las malas condiciones de los caminos.
También existe el peligro de la resistencia armada, lo que ha hecho que las operaciones de la policía sean cada vez más arriesgadas. El potencial de hacer dinero ha llevado a la contratación de mano extra para la “protección”.
Diversos observadores temen que el creciente comercio de marihuana pueda abrir las puertas a otras actividades criminales más mortales en una zona donde la situación de seguridad ya es de por sí frágil. Además la complicidad de miembros del ejército, de policía, jefes tradicionales e incluso miembros del Parlamento, hace la lucha mucho más frustrante.
En la actualidad, un alto cargo de la policía está siendo juzgado por presuntamente facilitar el paso de un transporte comercial cargado de marihuana que era objeto de contrabando.
“El beneficio de involucrarse en este asunto es tan tentador que es un desafío para la integridad de cualquier persona”, dijo el superintendente Sesay, admitiendo la percepción generalizada de la connivencia de la policía con este comercio. Y agregó: “Ellos [los campesinos] han invertido tanto en este negocio que es difícil tratar con ellos”.
Kemo Cham, Freetown, 19.03.12.
Fuente: Africa Review
Traducción: Chema Caballero.
