Los trabajadores del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi (JKIA),  uno de los centros aéreos más activos de África, con 8,8 millones de pasajeros, comenzaron su protesta laboral alrededor de la medianoche, hora local, del martes 10 de septiembre, la cual continuó hasta el miércoles 11 de septiembre. En esta huelga, los trabajadores demostraron su oposición a un acuerdo entre el gobierno y el Grupo Adania, por el cual este grupo tendría control de construcción y operación de las instalaciones durante 30 años a cambio de una inversión de 1.850 millones de dólares, con planes de construir una pista y un terminal adicional. El Sindicato de Trabajadores Aeroportuarios de Kenia, el cual lidera la huelga, señaló que el acuerdo eliminaría puestos de trabajo y empeoraría las condiciones laborales. Otros críticos sostienen que esta adquisición negaría a los contribuyentes las ganancias futuras del aeropuerto, el cual representa más del 5 % del producto interno bruto (PIB) de Kenia.

Las “operaciones mínimas” se reanudaron el miércoles a las 7 am, hora local, aunque los datos de Flight Radar mostraron largas demoras y varias cancelaciones de los vuelos que pasaban por el aeropuerto. La aerolínea nacional RwandAir, canceló los vuelos con destino al JKIA el 11 de septiembre, a pesar de la reanudación de servicios. Los agentes de policía han asumido las funciones de control de seguridad. Los pasajeros se vieron expuestos a largas filas y tiempos de espera, muchos de ellos preocupados por confirmar si sus vuelos programados saldrían. La Autoridad Aeroportuaria de Kenia, en un comunicado, aseguró que se encontraba en contacto con “las partes pertinentes para normalizar las operaciones”, instando a los pasajeros a ponerse en contacto directo con las aerolíneas para confirmar el estado del vuelo.

El juez del Tribunal Superior, John Chigiti, certificó el caso como urgente y concedió una orden temporal por la cual se suspendió el acuerdo a la espera de la toma de decisión en octubre. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) y la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK) impugnaron esta iniciativa, ambas argumentado que el JKIA es un activo nacional estratégico y rentable, por lo cual sería irracional continuar con el acuerdo, sosteniendo también que este “viola los principios de buena gobernanza, rendición de cuentas, transparencia y uso prudente y responsable del dinero público”. La KHRC y LSK argumentaron también que Kenia podría recaudar de forma independiente los 238.000 millones de chelines kenianos (cerca de 1.850 millones de dólares) necesarios para ampliar el JKIA sin arrendar el aeropuerto durante la próximas tres décadas.

Autor: Emmanuel Ntirenganya

Fuentes: Al Jazeera y The New Times

[Traducción y edición, Micaela Llona Bavestrello]

[CIDAF-UCM]