Un informe de 56 páginas de HRW titulado “Si volvéis, vamos a mataros: violencia sexual y otros abusos cometidos contra inmigrantes congoleños durante las expulsiones de Angola”, describe un patrón alarmante de violaciones directas de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas de seguridad angoleñas contra inmigrantes congoleños. Mujeres y niñas, que a menudo son detenidas con sus hijos, han sido víctimas de abusos sexuales como violaciones en grupo, explotación sexual y ser forzadas a ver abusos sexuales de otras mujeres y niñas. Palizas, tratamientos degradantes e inhumanos, arrestos arbitrarios y negación de un juicio justo han sido prácticas comunes durante las redadas de migrantes indocumentados, y bajo custodia antes de su deportación.
“Angola tiene derecho a expulsar a los migrantes en situación irregular, pero eso no justifica negarles los derechos básicos”, afirmó Leslie Lefkow, directora adjunta de África en Human Right Watch, o HRW, la ONG que ha publicado el informe. “Tortura, apaleamientos, violaciones y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes violan tanto la legislación angoleña como el derecho internacional”, recordó.
Las autoridades angoleñas deben proteger a los inmigrantes de los abusos, controlar las fuerzas de seguridad, investigar si se han cometido abusos graves y llevar a los responsables ante un tribunal, declara HRW. La legislación internacional y la angoleña exigen que Angola evite, investigue y castigue de forma efectiva los tratos de violencia sexual, tortura y tratamiento cruel, inhumano y degradante.
HRW entrevistó a más de 100 víctimas y testigos de abusos durante las expulsiones del enclave de Cabinda, y la provincia rica en diamantes Lunda Norte, para las provincias congoleñas de Bajo Congo y Kasai occidental, en 2009 y 2011. La mayoría de estos migrantes habían entrado en Angola para trabajar en las minas de aluvión de diamantes, o en el mercado informal.
Desde 2003, Angola ha llevado a cabo expulsiones en masa de inmigrantes en situación irregular casi todos los años, entre recurrentes acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos. En 2011, según los cálculos de Naciones Unidas, fueron expulsados 100.000 inmigrantes. Los abusos más graves, incluidos los de violencia sexual, ocurrieron en instalaciones de detención. Las víctimas identificaron a los responsables de los abusos entre un amplio rango de fuerzas de seguridad, incluidas varias ramas de la policía, agentes del servicio de migración y extranjería y las fuerzas armadas. Sin embargo, las autoridades angoleñas no llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y creíbles de las acusaciones y no iniciaron acciones judiciales contra los autores de los abusos.
Mujeres y niñas, la mayoría de las cuales fueron detenidas en mercados informales y en zonas residenciales, presentaron a HRW descripciones consistentes del patrón de abusos sexuales y de quienes las sometieron a abusos. La mayoría de los abusos denunciados ocurrieron en instalaciones de detención de Luanda Norte, en prisiones usadas como centros de tránsito exclusivos para inmigrantes. Las víctimas dijeron que mientras estaban detenidas, grupos de miembros de varias fuerzas de seguridad exigían repetidamente sexo a las detenidas y las amenazaban con pegarlas o matarlas, o las ofrecían comida a cambio. Las condiciones de detención, a menudo aterradoras, celdas sobrepobladas y falta de alimentos, agua e instalaciones sanitarias, contribuían a presionar a las víctimas a someterse a explotación sexual.
Los hijos e hijas a menudo presenciaban los abusos sexuales cometidos contra sus propias madres y otras detenidas. Una mujer congoleña de 30 años, expulsada en junio de 2011, describió su calvario en la prisión de Condueji, en Dundo: “éramos 73 mujeres y 27 hijos en la celda. Estaban constantemente incomodándonos para tener sexo con nosotras. Las mujeres aceptábamos debido al sufrimiento. No había nada para comer o beber, ni agua para lavarnos. A veces traían galletas para los niños, pero solo para las mujeres que aceptaban tener relaciones sexuales con ellos”.
Otra mujer que estaba detenida en la misma prisión en junio de 2011, dice: “Éramos 57 mujeres y 10 hijos en la celda. Aparecían hombres a todas horas, noche y día, a pedir sexo a las mujeres. Venían en grupos de tres o cuatro. Violaban a algunas mujeres. Todo esto acontecía en la misma celda. Los niños lo veían todo y lloraban mucho. Yo me resistí y un agente de policía me dio patadas en la barriga”.
HRW también registró relatos de varias víctimas y testimonios oculares de los apaleamientos, torturas y tratamientos degradantes e inhumanos sistemáticas durante las redadas, el transporte a los centros de detención y en la prisión. La mayoría de los inmigrantes dijeron a HRW que fueron detenidos arbitrariamente por los oficiales angoleños, en redadas generalizadas y operaciones de puerta en puerta, sin mostrar una orden de detención o dar la oportunidad de impugnar su detención.
El gobierno angoleño siempre ha negado y quitado importancia a las acusaciones de violencia sexual, tortura y tratamiento degradante e inhumano durante las expulsiones, a pesar de las preocupaciones expresadas por Naciones Unidas, la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y organizaciones internacionales y nacionales, desde 2004. En respuesta a las preocupaciones expresadas durante las visitas a Angola de la relatora especial del Secretario General de la ONU, para la violencia sexual contra mujeres en conflictos, Margot Wallström, y por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en 2011, el gobierno angoleño se comprometió a cumplir sus obligaciones internacionales durante la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, Angola todavía no ha ratificado la Convención contra la Tortura ni la convención de los Trabajadores Migrantes, a pesar de las promesas que hizo cuando fue candidata a miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2007, y de nuevo en 2010.
Las expulsiones en masa de inmigrantes de Angola continuaron en 2012. Según las autoridades de la República Democrática del Congo, las fuerzas de seguridad de Angola expulsaron a más de 5.000 inmigrantes en las primeras semanas de marzo, desde Cabinda y de la ciudad de Soyo. El 23 de marzo, tuvo lugar un incidente especialmente grave, tres inmigrantes congoleños murieron en la Cadeia civil de Cabinda, supuestamente por asfixia en una celda superpoblada. Esta Cadeia es utilizada como prisión de tránsito para inmigrantes desde hace muchos años.
Abogados de Cabinda han declarado a HRW que la policía abrió una investigación sobre la supuesta responsabilidad de tres funcionarios del servicio de Migración y Extranjería por las tres muertes. Sin embargo, también han dicho que las víctimas fueron sepultadas inmediatamente después de la autopsia médica, sin que las autoridades permitiesen a los abogados acceder a la morgue, y ni siquiera haber informado a las respectivas familias.
“Responsabilizar a los autores de estas recientes muertes en la prisión es un paso dado en la dirección correcta”, afirmó Lefkow, “pero las autoridades todavía deben realizar una investigación adecuada e indemnizar a las centenas de otras víctimas. Mientras que los autores de los abusos no sean llevados ante un tribunal, no habrá garantía contra futuros abusos”.
(Club K. Angola, 21-05-12)
